Funcionarios de alto perfil dejaron para última hora o no han formalizado la presentación de su declaración jurada de intereses particulares.
Ello pese a que la norma que rige el conflicto de interés en la administración pública empezó a regir el pasado 18 de febrero y a los funcionarios se le dio hasta el 5 de abril para entregar su información.
De los 20 mil funcionarios obligados a presentar esta declaración ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), solo el 41.58% lo ha hecho. Esto es así, debido a que al corte del sábado 1 de abril, solo 8 mil 316 funcionarios habían entregaron sus declaraciones.
Entre ellos, 11 ministros de estado, 30 diputados, 15 alcaldes y 148 representantes de corregimientos, informó la Antai. Este es el último cálculo con el que contaba la Antai ayer lunes al cierre de esta edición.
La entidad informó que el nuevo cálculo podría aumentar la cifra, pero que se haría la noche de ayer lunes debido a que aún había funcionarios presentando sus informes en las diferentes sedes de la institución.
Con la entrada en vigencia, en febrero pasado, de la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que castiga el conflicto de interés están obligados a declarar sus actividades remuneradas o no, de tipo profesional, laboral, económica, gremial, personal o de beneficencia, ante la Antai, los ministros y viceministros.
También los procuradores de la Nación y de la Administración; el contralor y subcontralor general de República; los jefes de misiones diplomáticas; el defensor del Pueblo; los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los miembros de las juntas directivas de empresas estatales. Los alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento, gobernadores, los diputados de la Asamblea Nacional y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Cabe señalar que los primeros en presentar su declaración fueron los diputados de la bancada independiente de la Asamblea Nacional (Juan Diego Vásquez, Edison Broce, Raúl Fernández y Gabriel Silva) y algunos funcionarios de la Caja del Seguro Social, como el director de esa entidad Enrique Lau Cortés.
La Antai estableció que los funcionarios tienen hasta mañana miércoles para entregar su declaración.
Pero ¿cuál es la importancia de la declaración jurada de intereses particulares? Elsa Fernández, directora de la Antai, en su momento, indicó a este medio que “la declaración recaba información que en primera instancia lleva a la reflexión tanto a una persona del sector público o del sector privado qué situaciones lo pueden vincular a posibles hechos de conflicto de intereses”.
Además recordó que con esta declaración jurada “estamos cumpliendo con lo establecido ante organismos internacionales como específicamente es la Comisión Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, que señala la “urgente necesidad de que los sistemas institucionales establezcan medidas preventivas y esta sin lugar a dudas es una medida preventiva en la lucha contra la corrupción”.
Así las cosas, la Ley 316 también indica que los funcionarios igualmente deben precisar si reciben beneficios de concesiones estatales o contrataciones públicas, o si tienen vínculos a alguna sociedad que es proveedora del Gobierno. Asimismo, están obligados a comunicar si han recibido regalos en el último año, de parte de personas o empresas no vinculadas a su familia
¿Qué sucede si los funcionarios no entregan su declaración? De no entregar esta declaración en el plazo establecido o de ser incorrectos los datos presentados, los servidores públicos pueden ser sancionados con dos y tres meses de salario.
Además, si la información presentada es falsa, el superior jerárquico podrá iniciar un proceso sancionador y aplicar la suspensión del cargo. El artículo 17 de la Ley 316 establece que el plazo para presentar la declaración de intereses es improrrogable.
Igualmente, la norma indica que la entidad contará con 60 días para verificar y determinar si la declaración jurada está debidamente presentada.
