La misma semana en que el presidente José Raúl Mulino advirtió sobre la falta de controles en los puertos panameños para frenar el tráfico de drogas mediante contenedores, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos créditos adicionales por un total de $1,736,342 al Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales.
El ministro Frank Ábrego defendió ante los diputados la necesidad de los fondos. El primero, de $1,139,945, se destinará a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Blanqueo de Capitales y Corrupción; el segundo, de $596,397, servirá para financiar operaciones de la Unidad de Investigación Financiera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
El caso Speed Joyeros: 27 años después
La atención de los diputados se centró en el origen de los fondos. A diferencia de los recursos tradicionales, este no procede de las arcas estatales, sino de bienes incautados hace casi tres décadas en el emblemático caso Speed Joyeros y Argento Vivo S.A., ejecutado en 1998 y en el que participaron autoridades judiciales de Panamá y Estados Unidos.
Dos empresarios de la Zona de Libre de Colón utilizaron como fachada las empresas Speed Joyeros, S.A y Argento Vivo, S.A, que aparentemente se dedicaban a la venta y compra de oro y plata. De acuerdo con las autoridades, el dinero proveniente de las operaciones del narcotráfico de la organización llegaban a Panamá en efectivo, introducidos por mulasque arribaban a los aeropuertos de Tocumen y France Field, en Colón.
Producto de ese operativo contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, ambos países firmaron un acuerdo para distribuirse los fondos decomisados. En consecuencia, a Panamá le tocaron $36.5 millones. Hoy, casi 27 años después del caso, parte de esos fondos siguen en uso: se destinan al blanqueo de capitales.
Diputados como Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático, interrogaron al ministro sobre la legalidad de la disposición de los recursos, el estado actual del caso y los mecanismos de fiscalización. La rendición de cuentas, sin embargo, no fue exhaustiva.
No estaba en agenda
La visita de Ábrego a la Asamblea no estaba en la agenda legislativa de este jueves 28 de agosto. En cambio, el ministro figuraba en el programa del Primer Congreso de Seguridad de las Américas, que se desarrolla en el país esta semana.
No obstante, no acudió al evento y repentinamente apareció en la Comisión de Presupuesto.
En su intervención, evitó ofrecer mayores detalles sobre las tareas de la Unidad de Investigación Financiera, alegando razones de seguridad nacional. Alegó que las investigaciones son reservadas, pero aseguró que han permitido la incautación de $64.5 millones en bienes, de los cuales $19.4 millones en efectivo ya fueron trasladados a la Unidad de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Seguridad y cifras
Un informe oficial revela que entre enero y junio de 2025 se han decomisado 68 toneladas de drogas en todo el país: 25 toneladas en Colón, 15.9 en Panamá y 10.9 en Darién.
Mientras que entre 2018 y 2023, el Órgano Judicial tramitó casos por blanqueo de capitales por al menos $14.5 millones que, en su mayoría, están relacionados con actividades de tráfico de drogas, delitos financieros y fraude.
Un informe del Judicial destaca que en un alto porcentaje de los procesos realizados, el delito precedente estaba vinculado con actividades relacionadas con drogas.
Otro dato que se aporta es que entre 2018 y 2023 se atendieron 52 solicitudes de asistencia judicial relacionadas con la comisión de estos delitos, que en su mayoría procedían de Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Perú y Ecuador.
En el país, el blanqueo de capitales está tipificado en el Código Penal, particularmente en los artículos 254 y siguientes, y se castiga con penas de 5 a 12 años de prisión, que pueden aumentar si hay agravantes. Mientras que la Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, establece el marco regulatorio para los sujetos obligados, como bancos, abogados, contadores y agentes residentes, con obligaciones de debida diligencia y reporte ante operaciones sospechosas.
