El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, cuestionó las jubilaciones especiales aprobadas para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), calificándolas de injustas y contrarias a la realidad económica del país.
“En lo personal no estoy de acuerdo, en principio, porque creo que hay una desigualdad en este país en cuanto a salarios y, obviamente, el tema de las jubilaciones es aún peor. Muchos panameños no estamos de acuerdo con una situación que denota una desigualdad mucho mayor”, afirmó.
El beneficio fue establecido mediante el Acuerdo No. 407, aprobado el 18 de julio de 2024, que otorga a jueces y magistrados que alcancen la edad de jubilación una compensación equivalente a la totalidad o a un porcentaje de su último salario, según su nivel de responsabilidad.
Declaraciones del ministro @JuanCOrillac en torno al fondo especial de compensaciones mediante el cual la Corte Suprema de Justicia crea un fondo por retiro pic.twitter.com/j8RJT628CM
— Astrid Salazar (@as_salazar) August 12, 2025
La Caja de Seguro Social cubrirá el monto correspondiente según la ley, y la CSJ asumirá la diferencia.
La norma incluso permite que magistrados cuyo periodo haya concluido, o que se retiren antes de la edad de jubilación establecida, reclamen este beneficio como un “derecho adquirido”, ampliando su alcance más allá del régimen general.
Orillac admitió que la medida tomó por sorpresa al Ejecutivo. Recordó que el contralor, Anel Flores, anunció la presentación de una demanda contra el acuerdo, pero advirtió que la decisión final sobre su constitucionalidad recaería en la propia Corte Suprema.
“Habría que analizar hasta dónde pudiera cualquier ciudadano presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero, al final, tocaría resolverlo la propia Corte”, señaló.
El ministro reconoció que, por ahora, no cuenta con un análisis jurídico suficiente para respaldar una posición oficial. “No tengo todavía las herramientas suficientes ni los análisis de los abogados para poder tener una base al respecto”, dijo, enfatizando que cualquier acción debe ser evaluada con prudencia antes de ser anunciada.
Escasez de recursos
En materia fiscal, Orillac fue categórico: “No hay dinero”. Explicó que el Gobierno Central enfrenta una situación económica complicada y que se han implementado recortes significativos en el gasto público. “Estamos tratando de ser lo más austeros posible, haciendo los ahorros que correspondan a este país bajo la situación en la que estamos. Creo que este tipo de actos, al final de cuentas, es contradictorio”, advirtió.
Consultado sobre cómo manejaría el Ejecutivo el eventual impacto de estas jubilaciones en el presupuesto general del Estado, aclaró que la asignación aprobada en el ejercicio anterior solo contemplaba un aumento salarial, no las pensiones especiales.
“Lo que existe en el presupuesto del año anterior era lo del aumento, pero el tema de la jubilación no está contemplado. Ese es otro tema que hay que analizar”, indicó. Además, dijo que, llegado el momento, el Gobierno revisará con detalle el alcance legal y financiero de la medida, aunque reiteró que esta contrasta con la actual situación fiscal del país.
Además del rechazo expresado por el Ejecutivo, las jubilaciones especiales para magistrados también generaron críticas desde el sector privado y la sociedad civil.
Gremios empresariales como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa advirtieron que el beneficio profundiza las desigualdades en un país con limitaciones fiscales, mientras que organizaciones ciudadanas lo calificaron como un privilegio injustificado que erosiona la confianza en las instituciones.
