El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, presentó este lunes 14 de agosto de 2023 ante el pleno de la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de extinción de dominio de bienes ilícitos.
“El país observa con profundo desasosiego la expansión, cada día más inquietante, de las diversas formas de la delincuencia organizada”, dijo el funcionario ante el pleno legislativo.
Pino planteó también que la delincuencia organizada “eleva día a día su capacidad operativa y de resistencia a los brazos de la ley”.
Se trata de la segunda vez que el ministro de Seguridad Pública presenta esta iniciativa ante los diputados. En el primer intento, y luego de varias discusiones, los diputados archivaron el proyecto, tras no lograr los votos en segundo debate. Ahora, de acuerdo a las autoridades, el documento cuenta con una nueva redacción.
EXPOSICIÓN
El ministro detalló que el proyecto de extinción de dominio se compone de dos fases: la de investigación preliminar y la judicial, en las cuales −respectivamente− se aplicarán las disposiciones del proceso penal y del proceso civil, según corresponda la naturaleza de las actuaciones procesales.
Con esta iniciativa −explicó− se instituye la jurisdicción especial de extinción de dominio, la cual será adscrita al Órgano Judicial, integrada por un Tribunal de apelaciones de extinción de dominio y los juzgados de extinción de dominio. Agregó que los jueces serán nombrados mediante la carrera judicial y que, a su vez, estará la Fiscalía de extinción de dominio que tendrá a su cargo el ejercicio de la acción pública.
Pino señaló que los fondos provenientes de los bienes “extinguidos” serán destinados a programas y proyectos de carácter social y cuya asignación corresponderá a una comisión interinstitucional.
LAS FINALIDADES DEL PROYECTO
En su intervención, Pino dijo que la delincuencia organizada se vale del poder de las economías ilícitas para disfrazar sus operaciones y legitimar capitales que permean la economía nacional.
“Debilitan el poder de la autoridad, socavan la institucionalidad democrática, incrementan la violencia y reducen las expectativas de desarrollo social contribuyendo al empobrecimiento de los fundamentos morales de la nación panameña”, añadió.
De este modo, la extinción de dominio “es una iniciativa legislativa enfocada en potenciar las capacidades de las entidades públicas encargadas de la preservación del orden público y que le permitan enfrentar con mayor eficacia el poder de la delincuencia organizada, así como debilitar sus capitales, estructuras y evitar el expansionismo, señaló el ministro panameño.
“La delincuencia organizada es un fenómeno global que demanda la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de los activos ilícitos”, añadió.
Se ha precisado también que la extinción de dominio será aplicable a las conductas tipificadas en la Ley 121 de de 2013, sobre delincuencia organizada: blanqueo de capitales; delitos relacionados con drogas y sustancias químicas; trata de personas, tráfico de personas, de órganos y de armas; terrorismo y financiamiento del terrorismo; explotación sexual y pornografía de menores de edad; secuestro y extorsión; homicidio y lesiones graves; hurto y robo de vehículos; manipulación genética; piratería; delitos financieros; asociación ilícita; falsificación de monedas, valores y documentos públicos; delitos con tarjetas de crédito; sicariato, y delitos contra la administración pública, contra la propiedad intelectual, contra la seguridad informática, contra el ambiente y contra el patrimonio histórico.
