En una declaración conjunta, ministros, viceministros y jefes de delegación de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela reafirmaron su compromiso con una gestión migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, la cooperación regional y el desarrollo sostenible.
Los representantes destacaron la importancia del “diálogo constructivo” entre países para abordar los desafíos asociados a los flujos migratorios y propusieron reactivar las reuniones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre migración como un espacio de discusión integral y articulación de propuestas internacionales.
Principales compromisos y llamados:
Derechos humanos como pilar fundamental: subrayaron que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales inalienables que los Estados deben respetar, proteger y garantizar.
Rechazo a la criminalización y protección ante riesgos: los países se comprometieron a combatir la delincuencia organizada que afecta a los migrantes y a protegerlos de situaciones de vulnerabilidad, promoviendo una cooperación intergubernamental más efectiva.
Promoción de vías de migración segura y ordenada: se destacó la necesidad de ampliar las rutas regulares de movilidad laboral, enfatizando los beneficios económicos y sociales que estas aportan a los países de origen y destino.
Atención a las causas estructurales de la migración: los delegados reconocieron que el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la desigualdad son esenciales para mitigar las causas de la migración forzada.
Apoyo a Haití: reafirmaron su respaldo a la estabilidad de Haití y su intención de trabajar junto con la comunidad internacional para mejorar la situación política, económica y social del país.
Rechazo a las deportaciones masivas: expresaron su preocupación por las recientes medidas anunciadas que contravienen los principios fundamentales de los derechos humanos y no abordan las causas estructurales de la migración.
Asimismo, los países instaron a la eliminación de “medidas coercitivas unilaterales” que afectan a las poblaciones más vulnerables y reiteraron su compromiso con la integración socioeconómica sostenible de las personas migrantes.
Los representantes acordaron mantener una “comunicación estrecha” para evaluar los avances en estos compromisos y priorizar la atención a situaciones críticas en la región.
