El presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves 24 de julio a la reciente visita de una delegación de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), que se reunió esta semana con la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, y con representantes de nueve sindicatos panameños del sector.
El encuentro se realizó en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral como parte de un esfuerzo por abordar temas relacionados con la libertad sindical en el país.
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En su habitual conferencia, Mulino dijo que el Gobierno mantiene su postura de respeto a los derechos laborales y a la protección de los trabajadores, pero advirtió que no respaldará acciones vinculadas a la extorsión o la violencia.
“Reiteramos, como lo hicimos ayer, la defensa de los trabajadores, pero alejando eso de cualquier sistema o práctica vinculada a la extorsión”, declaró el mandatario. Sus palabras se dieron en el contexto de las tensiones entre el Ejecutivo y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
El presidente también comentó que entre los visitantes había eurodiputados franceses con representación política limitada, según información recibida por sus asesores.
Añadió que el Gobierno ha dado instrucciones a su embajador en Ginebra para explicar la posición oficial de Panamá ante Naciones Unidas. “Nuestro embajador ya tiene instrucciones para llevar las explicaciones pertinentes”, indicó Mulino.
Las tensiones
Esta visita se da en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y el Suntracs. Como se recordará, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral anunció el pasado 17 de julio la presentación de una demanda ante los juzgados laborales para solicitar la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
Según la funcionaria, la medida se adoptó en defensa de los derechos de los trabajadores y que el proceso ahora queda en manos del sistema judicial.
Además, defendió la acción legal contra el sindicato Suntracs, señalando que la decisión se basa en un análisis jurídico y técnico respaldado por la legislación laboral vigente.
Según explicó, la demanda se sustenta en el artículo 392 del Código de Trabajo y responde a denuncias acumuladas por presuntos actos de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos.
“Esta decisión es el resultado de un riguroso análisis jurídico y técnico, con base en la legislación laboral vigente y en defensa del interés general de los trabajadores y trabajadoras del país”, declaró Muñoz al justificar la medida contra el sindicato más representativo del sector construcción.
Esto motivó que organizaciones aglutinadas en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) reaccionaran señalando que esta solicitud marca un punto de inflexión en la estrategia del Ejecutivo para reducir la beligerancia de las organizaciones sociales en los principales debates nacionales.
“Que hoy la víctima sea el Suntracs no significa que será el único sindicato en la mira”, advirtió la agrupación liderada por Nelva Reyes.
