El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes 2 de noviembre la ley que establece el Presupuesto General del Estado para 2027, por un total de $35,111.75 millones.
La sanción se produjo después de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto la semana pasada, con lo que quedó definido el monto de los recursos públicos disponibles para el próximo año.
De ese total, $12,839.7 millones se destinarán a inversiones públicas, equivalentes al 36.6% del presupuesto. Según el Gobierno, la cifra supera en un 12% lo asignado a este renglón en 2026.
El resto de los recursos se destinará al funcionamiento de las instituciones y al cumplimiento de otros compromisos del Estado.
Para gastos de funcionamiento se asignaron $22,272 millones, equivalentes al 63.4% del presupuesto. El Gobierno informó que este renglón registra una reducción del 5%.
Esta composición refleja uno de los principales desafíos de las finanzas públicas: sostener el funcionamiento de las instituciones, cubrir compromisos recurrentes y atender obligaciones como salarios, transferencias y servicios, sin sacrificar la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y otros proyectos que inciden directamente en la calidad de vida de la población.
La distribución
El presupuesto también contempla una disminución en los recursos destinados al servicio de la deuda pública del Gobierno central para 2027. La distribución debe ajustarse a los objetivos de consolidación fiscal y sostenibilidad de la deuda, así como a los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Durante la discusión legislativa se incorporaron modificaciones por $450.8 millones para reforzar las partidas de determinadas instituciones. Los cambios respondieron a recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y buscan financiar proyectos y programas considerados prioritarios.
Las modificaciones abarcan sectores como salud, educación, seguridad, infraestructura pública, servicios públicos y atención de necesidades sociales. Antes de incorporarlas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluó la disponibilidad de recursos, la prioridad de los gastos solicitados y la capacidad de las instituciones para ejecutar las partidas.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió los cambios al señalar que no aumentan el monto global del presupuesto, sino que redistribuyen los recursos hacia las necesidades prioritarias.
Entre las instituciones beneficiadas figuran la Asamblea Nacional, que recibirá $23 millones adicionales para funcionamiento, y la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con $10 millones más. En contraste, el Ministerio de Educación tendrá una reducción de $15.4 millones, mientras que la Autoridad Nacional de Descentralización dispondrá de $18.2 millones menos.
Los ajustes, que abarcan a 13 entidades del Gobierno Central y 17 entidades descentralizadas, forman parte de las modificaciones incorporadas al presupuesto de 2027 y aprobadas por el Ejecutivo.
La polémica
El presupuesto de 2027 también incorpora una modificación polémica a las reglas de contratación pública, que amplía las excepciones a los procedimientos establecidos en la legislación vigente para determinadas instituciones y compras.
La propuesta, impulsada por diputados durante la discusión presupuestaria, generó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la transparencia y la competencia entre proveedores. Chapman se distanció de la iniciativa y afirmó que no fue propuesta por su despacho.
Con la sanción de la ley, el Gobierno contará con un presupuesto de $35,111.75 millones para 2027, del cual el 63.4% se destinará al funcionamiento del Estado y el 36.6% a inversiones públicas.
La ejecución de esos recursos será determinante para establecer cuánto de lo presupuestado se traducirá efectivamente en obras y servicios para la población.
