La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 61, una normativa dirigida a enfrentar el incremento de los ciberdelitos en el país, pero que ha suscitado controversia por una de sus disposiciones.
En uno de los artículos, el proyecto establece la posibilidad de que un fiscal, sin necesidad de autorización judicial, incautar, copiar, borrar o inhabilitar equipos electrónicos, como computadoras y celulares, con el fin de recolectar evidencia en casos de delitos cibernéticos.
Sin embargo, esta medida ha generado un amplio debate en torno a sus implicaciones sobre derechos fundamentales, como la privacidad y el debido proceso, ya que algunos sectores consideran que otorga poderes excesivos a los fiscales y podría derivar en abusos contra los ciudadanos.
Específicamente, la normativa indica que, cuando el Ministerio Público obtenga los datos correspondientes, los someterá al “control posterior” del juez de garantías, de conformidad con las reglas establecidas en el Código para la incautación de datos.
"Que hayan abusado es otra cosa, pero un fiscal es un fiscal", presidente Mulino sobre la propuesta de ley de la delincuencia y que permite a un fiscal eliminar información. pic.twitter.com/lqSrTFeVHa
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 31, 2024
Consultado al respecto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que analizará, junto con su equipo legal, si la normativa cumple con los requisitos constitucionales y legales antes de tomar una decisión sobre su sanción o veto.
Para Mulino, los fiscales desempeñan un rol crucial en la investigación penal y deben actuar bajo la figura de la autoridad judicial, sin abusar de su poder. Reconociendo el sistema garantista y el proceso penal acusatorio actual, el presidente destaca que los fiscales ya no pueden actuar de forma arbitraria como en el pasado, sino que ahora deben rendir cuentas en audiencias de control.
“El fiscal no está pintado en la pared”, menciona Mulino, subrayando la importancia de que los fiscales cuenten con herramientas adecuadas para enfrentar la creciente amenaza de la ciberdelincuencia, siempre dentro de los límites de la ley.
Según el mandatario, él mismo ha sido víctima de la suplantación de identidad en un caso en el que se usaron sus datos para solicitar dinero en su nombre. De hecho, informó que hay personas detenidas por este hecho y otras en investigación, un recordatorio de que los ciberdelitos pueden causar serios daños financieros y personales.
Aunque admite no conocer en detalle el texto de la ley aprobada, reitera su compromiso de revisarlo exhaustivamente, asegurando que cualquier normativa debe respetar los principios legales y constitucionales del país.
