Los proyectos de ley que reformaban el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional y que ampliaban los descuentos a los jubilados fueron vetados por el presidente José Raúl Mulino.
A través de un comunicado, la Presidencia de la República informó este domingo 20 de septiembre que el mandatario —quien actualmente se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU— decidió devolver las iniciativas al Legislativo.
Se trata de los proyectos de ley 594, que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984, que establece el reglamento de la Asamblea, y 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Sobre el proyecto relacionado con el RORI, se informó que Mulino lo objetó parcialmente por “razones de inexequibilidad e inconveniencia”. En total, nueve artículos del texto fueron objetados.
En tanto, sobre el proyecto de descuentos, el mandatario planteó que, aunque la iniciativa 226 persigue “un objetivo social legítimo”, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y la Constitución.
“Por lo anterior, el mandatario ha encontrado razones tanto de inconveniencia como de inexequibilidad para objetar el proyecto en su conjunto”, destaca el comunicado.
Algunos de los descuentos propuestos
Espectáculos: Descuentos de hasta el 50% en cines y teatros.
Turismo y transporte: Rebajas del 25% en pasajes aéreos y hasta el 50% en hoteles de lunes a jueves.
Salud: Un 30% de descuento en medicamentos y un 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas.
Servicios básicos: Reducciones por primera vez en tarifarias en agua, tasa de aseo, internet, televisión por cable y equipos de asistencia médica
Higiene: Un 25% de descuento en insumos y productos, así como un 30% en pañales desechables para adultos.
Sector financiero: Tasas, cargos, tarifas, comisiones y seguros asociados a tarjetas de crédito y débito tendrían un descuento mínimo de 30%.
El RORI que revivió las ‘partidas circuitales’
El proyecto de ley del RORI, que en principio incluía cambios calificados como un avance, fue modificado casi en su totalidad en segundo debate en el pleno de la Asamblea. En cambio, introdujo cambios relacionados, entre otros temas, con la asistencia de los diputados y la gestión de obras en sus circuitos, temas que generaron duras críticas dentro y fuera del Legislativo.
Fue aprobado en tercer debate el 11 de agosto pasado por los diputados del oficialista Realizando Metas (RM), con el apoyo de sus aliados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático y la bancada mixta. Los diputados de las bancadas Vamos y Seguimos votaron en contra y pidieron, a la vez, el veto de la iniciativa.
Las reformas aprobadas introdujeron cambios relacionados, entre otros temas, con la asistencia de los diputados y la gestión de obras en sus circuitos, temas que han generado duras críticas dentro y fuera del Legislativo.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), ya había pedido el veto.
Según la Fundación, el proyecto desnaturaliza las funciones constitucionales de los diputados al establecer que estos deberán “gestionar, impulsar y fiscalizar” programas y proyectos específicos en sus circuitos, e incluso garantizar una inversión mínima para obras y proyectos sociales dentro del Presupuesto General del Estado.
La organización sostuvo que los artículos 159, 160 y 161 de la Constitución enumeran las funciones del Órgano Legislativo y que ninguna de estas disposiciones sustenta la posibilidad de que los diputados gestionen o impulsen proyectos específicos en sus circuitos.
Además, señaló que el artículo 163 prohíbe expresamente a la Asamblea Nacional inmiscuirse en competencias que son privativas de otros órganos del Estado.
La Fundación también advierte que la reforma invade competencias propias del régimen municipal. Cita los artículos 232, 233, 242, 243 y 250 de la Constitución, que asignan a los municipios, alcaldes, concejos municipales y juntas comunales responsabilidades relacionadas con el desarrollo local, la ejecución de obras públicas y la atención de las necesidades comunitarias.
¿Y el diálogo con los jubilados?
El presidente Mulino ya había adelantado que no sancionaría el proyecto que amplía los descuentos a jubilados. Lo anunció el pasado 15 de septiembre, cuando miembros de su Gabinete atendían en una segunda reunión a los jubilados y empresarios.
La Asociación de Jubilados pedía insistentemente la sanción de la ley, pero el sector empresarial y los microempresarios mostraron su oposición debido al impacto que causaría en las empresas. Por ello, Mulino los convocó a conversaciones para que encontraran un punto en común.
En la última reunión, según el informe, los participantes intercambiaron opiniones sobre ajustes al esquema de descuentos para jubilados, tomando en cuenta que existen productos y servicios vinculados al turismo y a la hotelería que no benefician directamente a los adultos mayores más necesitados del país.
Por otro lado, se planteó la necesidad de que existan descuentos justos para los jubilados en energía eléctrica, transporte público, telefonía, servicios de salud y compra de artículos como pañales para adultos mayores, sillas de ruedas y andaderas.
