Los municipios del país podrían usar el 100% de lo que reciban en concepto de Impuesto de Bien Inmueble (IBI) –partida que debe destinarse a proyectos– para gastos de funcionamiento (planilla y contratos) y obras sociales correspondientes a la vigencia fiscal de 2022.
Esto, a raíz de que ayer jueves, con el voto de 40 diputados, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 886, que dispone esa prerrogativa.
La iniciativa recibió el visto bueno de los diputados, pese a que en marzo pasado el presidente Laurentino Nito Cortizo vetó una propuesta similar, argumentando, entre otras cosas, que el artículo 163 de la Constitución prohíbe a la Asamblea “ordenar u autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia declarados por el Ejecutivo.
El proyecto fue impulsado por el diputado perredista Javier Sucre, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Legislativo, y fue defendido por su colegas y copartidarios, como Crispiano Adames, presidente de la Asamblea, y Jairo Bolota Salazar.
Cambio a la Ley 37 permite más gastos a los municipios
Los gobiernos locales lograron que la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto de ley 868, que les permitirá usar el 100% de lo que reciban en concepto del Impuesto de Bien Inmueble –una partida concebida originalmente para inversiones– en gastos de funcionamiento.
La iniciativa, impulsada por el diputado perredista Javier Sucre, cuya hermana es la representante de Juan Díaz, recibió 40 votos a favor y 3 en contra. El proyecto modifica la Ley 37 de 2009, que descentraliza el país.
Ellos deciden
“Los municipios podrán destinar hasta el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto de inmuebles, incluyendo todos los remanentes no comprometidos a la fecha, para gastos de funcionamiento administrativos y obras sociales”, dice un parágrafo transitorio incluido en el proyecto en ley.
Es decir, que los fondos se podrán usar a discreción de los alcaldes y representantes de corregimiento, pues ahora no estarán obligados a hacer obras.
¿Qué otros elementos contiene esta propuesta, que fue catalogada por el diputado independiente Edison Broce como “politiquera”? Por ejemplo, plantea que los municipios distribuirán los montos mediante “Acuerdo Municipal, en proporción a sus respectivos gastos de funcionamiento”, y “podrán ser transferidos a las juntas comunales según se establece en dicho acuerdo”.
Además, deja claro que una vez asegurado el recurso para el funcionamiento administrativo del municipio, y si llegan a existir “remanentes de las partidas de funcionamiento”, tanto las alcaldías como las juntas comunales “podrán” destinar parte de estos recursos para proyectos de inversión.
Los “remanentes” son los fondos de obras que no lograron adjudicarse y que se van acumulando.
Por ahora, se desconoce cuánto le corresponde a cada gobierno local en concepto de Impuesto de Bien Inmueble, pues es una información que resguarda la Autoridad Nacional de Descentralización, hoy a cargo de Mosley Ibarra. Este es el ente encargado de avalar los proyectos de inversión de los gobiernos locales.
Ibarra no estuvo ni en el segundo ni en el tercer debate del proyecto 868, que se inició la tarde noche del miércoles y culminó ayer jueves en horas de la mañana.
La propuesta también señala que “hasta el 31 de diciembre de 2022, los municipios distribuirán los fondos municipales provenientes del Impuesto de Bien Inmueble, en proporción a los gastos operativos de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, la extensión territorial y densidad de la población”.
En la actualidad, esto no es así, pues los fondos se distribuyen entre los representantes y alcaldes con base en algunos criterios, entre ellos, un Plan Anual de Obras e Inversiones aprobado con el voto de las tres cuartas partes del consejo municipal de cada distrito.
El presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, defendió la propuesta argumentando que surgió de un “veto presidencial” y que la misma no acoge las “sugerencias” del Ejecutivo y, por eso, explicó, se presentó un nuevo proyecto.
El proyecto también establece que los $110 mil que se le entrega a los municipios mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales, a través de la Autoridad de Descentralización, “será revisado cada dos años y dicho valor podrá ser aumentado, mas no disminuido del último valor establecido”.
No obstante, añade que el Ejecutivo podrá incrementar el monto de este programa antes de los dos años establecidos en el párrafo anterior.
El debate
En el segundo debate (el pasado miércoles) las críticas al proyecto surgieron desde la bancada independiente. Pero, ayer jueves (tercer debate) nadie opinó.
El diputado Juan Diego Vásquez pidió a sus colegas incluir un artículo que excluyera a algunos municipios (de áreas urbanas) de esta propuesta. Aseguró que avalar la iniciativa es “permitir a consejos municipales hacer lo que quieran con el dinero”. Su colega Edison Broce lo catalogó de “politiquero, clientelista, en víspera de elecciones”, que busca “quitarle la plata a inversión para mandarla a funcionamiento, a planillas. Esto es meterle una bala en el pie a la descentralización”.
Por su parte, el perredista Jairo Bolota Salazar aseguró que los fondos se están dando para funcionamiento, porque “hay empleados de las juntas comunales que no han cobrado hace cuatro meses y los cementerios no se han limpiado”.
“Yo no digo que no haya representantes que hacen mal uso del dinero, pero los que lo hacen tendrán que vérselas con las leyes”, agregó.
El cuarto cambio
Desde que fue declarado el estado de emergencia en el país el 13 de marzo de 2020, la ley de descentralización se ha modificado en tres ocasiones para que los municipios y juntas comunales usen los fondos de inversión y sus acumulativos, que son para obras, en compra de medicamentos y ayudas a los afectados por el coronavirus.
Esta sería la cuarta modificación a la Ley 37 de 2009.
