En una atmósfera cargada de tensión y controversia, la Asamblea Nacional se convirtió, una vez más, en el epicentro de intensos debates esta semana. En el centro de la discusión se encontraba el proyecto de ley 1138 que propone la creación del distrito de Bastimentos en Bocas del Toro, junto con los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada Sal y Solarte.
Con apenas 2,357 residentes, Bastimentos se enfrenta a la ambiciosa propuesta de elevar su estatus a distrito, un cambio que desafía abiertamente la Ley 65 de 2015, que establece que para la creación de distritos se deberá contar con una población de, al menos, 25 mil habitantes. Mientras tanto, Bahía Honda alberga solo a 94 habitantes, incumpliendo la normativa que estipula que deben ser mil o más personas.
Eliécer Cortés, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), sostiene que es imprescindible cumplir con la normativa en estos casos. “No se pueden crear corregimientos con 90 personas. Eso no cumple con la ley”, afirmó.
Añadió que, aunque la división de distritos conlleva costos, también permite que lleguen recursos a comunidades que han estado abandonadas durante décadas.
Precisamente, el costo es uno de los principales puntos de discusión en torno a la creación de nuevos corregimientos. Organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han señalado que cada corregimiento nuevo representa más de $300 mil adicionales al erario público como mínimo, sin contar la distribución discrecional de la descentralización.
Además la creación de estas nuevas áreas geográficas se da sin ningún tipo de estudio o planificación.
Según Cortés, debe haber una población razonable que justifique la creación de un nuevo corregimiento o distrito. “Recargar más al Estado en estos momentos no es lo más viable”, argumentó.
Actualmente, el país cuenta con un total de 81 municipios y ,según estimaciones del presidente de Amupa, aproximadamente 64 de estos gobiernos locales dependen del subsidio estatal para su funcionamiento, evidenciando una marcada falta de autosuficiencia.
Cortés sugiere que el Ministerio de Economía y Finanzas debe realizar un análisis de este grupo de 64 municipios, ya que algunos de ellos han crecido con el tiempo y son autosuficientes. “Algunos tienen capacidad administrativa de generar sus propios ingresos, lo que les permite valerse por sí mismos”, agregó.
La descentralización
La descentralización fue defendida por Cortés, quien argumentó que permite a los gobiernos locales recibir recursos para desarrollar obras. Además, solicitó al Gobierno central transferir más competencias a los municipios, como el mantenimiento de escuelas o calles en los más de 700 corregimientos del país.
Anteriormente, había 679 corregimientos a nivel nacional, sin embargo, entre 2019 y 2024 se crearon 22 nuevos, lo que implica que actualmente hay 701 corregimientos.
Cada año, las juntas comunales y los municipios reciben millones de dólares. Por ejemplo, a través del Programa de Obras y Servicios Municipales se asignan $110 mil a cada una de las juntas comunales y alcaldías de Panamá. La Ley 66 de 2015, que modificó la Ley 37 de 2009 sobre descentralización en la administración pública, establece que el 70% de esos fondos deberá ser utilizado en proyectos de inversión, mientras que el 30% restante será para el funcionamiento.
Además, mediante el programa IBI se otorga un mínimo de $500 mil a cada municipio, dinero proveniente de la recaudación del impuesto de inmueble del año inmediatamente anterior.
