La Fiscalía General Electoral (FGE) gestionaba un contrato directo por $160,500 con la empresa Brain PBD, S.A. para prestar el servicio de monitoreo y análisis de la conversación pública en medios de comunicación y redes sociales.
Sin embargo, la Contraloría de la República —entidad encargada del refrendo— devolvió el contrato a la Fiscalía, luego de realizar varias observaciones y solicitar algunas subsanaciones. Este contrato había sido gestionado por la fiscal electoral encargada, Ana Raquel Santamaría, en abril pasado.
No obstante, la nueva fiscal electoral, María Eugenia Pérez, quien asumió el cargo el pasado 9 de septiembre, solicitó anular el contrato. Dijo que, si bien se requiere un monitoreo de las redes sociales como parte del trabajo fiscalizador, no era necesario este tipo de contratación.
“Tuve la oportunidad de pararlo”, dijo durante la sustentación del presupuesto de la FGE ante la Asamblea Nacional.
El diputado Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, aprovechó la sesión para cuestionar esa contratación. Dijo que, por lo general, muchas entidades realizan contrataciones directas para este tipo de monitoreo, pero consideró que estos procedimientos excepcionales “tienden a ponerse algo turbios”.
Vega sostuvo que sería mejor asignar a dos funcionarios de la misma entidad para realizar esa labor de monitoreo y, de esta forma, lograr un ahorro.
“Esta es mi alternativa”, respondió la fiscal Pérez.
La fiscal suplente, Ana Raquel Santamaría, quien se encontraba en la reunión, explicó por qué realizó las gestiones de contratación.
Dijo que la empresa le presentó una propuesta y que la consideró oportuna debido a que se aproxima el periodo de elecciones internas de los partidos y la apertura del proceso electoral. El contrato tendría vigencia durante el año fiscal 2027.
“La Fiscalía Electoral ha tenido una debilidad y es que, en el ambiente político, se dan muchas veces situaciones de las que la entidad se percata horas después, incluso días más tarde, y no puede actuar de manera inmediata. Con el monitoreo, podemos dar respuesta inmediata”, aseguró.
La empresa, cuyo representante legal es Juan Alberto Álvarez Martínez, pretendía realizar un monitoreo y análisis de la conversación pública en medios de comunicación y redes sociales los siete días de la semana y las 24 horas del día.
Reducción del 10% en el presupuesto
Durante la sesión, la fiscal Pérez indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó a la entidad un presupuesto de $9.1 millones, un 10% menos de lo que habían solicitado.
Explicó que el presupuesto venía en aumento, pero que para la vigencia fiscal 2027 caería significativamente. En 2025, el presupuesto fue de $9.4 millones, mientras que el presupuesto actual asciende a $10.2 millones.
