Dos directores y tres subdirectores de instituciones estatales, un rector de una universidad pública, y tres vicerrectores, no entregaron su declaración jurada de bienes patrimoniales, tal como lo dispone la ley.
La información está consignada en un informe que entregó la Contraloría General de la República a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Ellos son: Gustavo Pérez y Gustavo De León, director y subdirector de la Autoridad de Aeronáutica Civil; Jorge Quintero, director general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Eury Baso, subdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh); Jorge Saldaña, subdirector del Instituto de Seguros Agropecuarios.
En la lista también están Faustino González, rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá; al igual que Argelis Solís, y Juan C. Ayú Prado, vicerrectora, y vicerrector de esa casa de estudios.
Otro que incumplió según el informe fue Mauro Destro, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Panamá.
El documento que entregó la Contraloría a solicitud de la Antai, también contiene los nombres de todos los funcionarios que sí cumplieron con la obligación. Se destaca que 121 servidores entregaron la documentación requerida. La lista la encabezan el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo. Pero también están sus ministros, directores de instituciones, directores de entidades autónomas y semiautónomas, entre otros.
Ninguno de ellos hizo pública esta información, pese a que la Procuraduría de la Administración ha planteado que este no es un documento de carácter restringido.
La Ley 59 de 1999, que dicta disposiciones sobre la declaración jurada de estado patrimonial, deja espacio para que los funcionarios que están obligados a hacer este trámite (Presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor, el presidente de la Asamblea Nacional, entre otros) declaren lo que les convenga sin que nadie se cerciore de que esa información está acorde con la realidad.
Algunos servidores públicos hicieron la declaración, pero de forma tardía. Jorge Saldaña, uno de los funcionarios que aparece en listado entregado a Antai, por ejemplo, aclaró a este diario que en efecto hizo la declaración de bienes, pero el documento enviado tiene fecha de recibido en la Contraloría de 30 de diciembre de 2019.
La Ley 59 de 29 de diciembre 1999 establece que todos los funcionarios obligados a presentar la declaración de bienes deben hacerlo dentro de los 10 días hábiles, a partir de su toma de posesión.
