Los obispos de Centroamérica denunciaron que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha perdido su función como herramienta de integración regional.
Consideran que la institución ha sido percibida como un refugio para exfuncionarios políticos que buscan inmunidad ante procesos judiciales.
Los obispos se unen a las críticas de un organismo frecuentemente señalado por la falta de resultados concretos y por los beneficios que otorga a sus miembros, incluidos la inmunidad y los privilegios.
“Hacemos un llamado a los representantes del Parlacen para que retomen su vocación ética y se conviertan en verdaderos servidores de los pueblos centroamericanos”, expresaron.
Respecto a Panamá, algunos de los expresidentes que se han juramentado en el Parlacen incluyen a Mireya Moscoso (1999-2004), Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Datos de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, que reposan en el portal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, indican que cada año Panamá hace un aporte al Parlacen de $2.3 millones.
El comunicado también aborda el tema de la migración, donde los religiosos expresaron su preocupación por el sufrimiento de miles de migrantes que huyen de la pobreza, la violencia y la desesperanza en busca de una vida digna.
En este sentido, renovaron su compromiso de acompañar, proteger y promover los derechos de los migrantes, resaltando que el futuro de Centroamérica depende de políticas que aborden las causas estructurales de la migración y que brinden oportunidades locales para evitar la separación de las familias.
Además, reafirmaron que es importante respetar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que promueve el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la protección de los defensores del medio ambiente.
Por último, hicieron un llamado a los gobiernos de la región para adoptar políticas responsables que prioricen la vida humana y el medio ambiente por encima de los intereses económicos.
Estas declaraciones fueron realizadas al concluir la 82ª Asamblea Ordinaria del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac), celebrada del 25 al 29 de noviembre en El Salvador.
