La Oficina de Electrificación Rural no podrá usar para gastos de administración el dinero de los aportes de los agentes del mercado de energía eléctrica.
Así lo advirtió el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, al responder una consulta de Alejandro Alessandría, director general de la Oficina de Electrificación Rural, que está bajo el paraguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a cargo del ministro Rafael Sabonge. Por eso, la carta de González Montenegro está dirigida a Sabonge.
Las preguntas
La oficina consultó, entre otros asuntos, que si esos fondos podrían ser usados para alquilar vehículos adecuados para movilizarse en las comarcas y zonas rurales donde ese despacho tiene proyectos. Además, que si podría utilizar los aportes para pagar los viáticos del personal que levanta la data de los indicadores de las obras, así como para la compra de equipos de seguridad para el personal que inspecciona los proyectos.
La respuesta del Procurador
González Montenegro le indicó al ministro Sabonge que el artículo 91 de la Ley 6 de 1997, modificada por la Ley 194 de 2020, prohíbe que el dinero proveniente de los aportes de los agentes del mercado de energía eléctrica sean usado en asuntos administrativos.
Detalló que la Oficina de Electrificación Rural fue concebida para promover la electrificación “en las áreas rurales no rentables, no servidas y no concesionadas”, y que los recursos necesarios para los proyectos se asignarían anualmente a través del presupuesto del Estado.
La Oficina de Electrificación Rural era una dependencia del Ministerio de la Presidencia, pero pasó al MOP el 4 de enero de 2021.
