Veinticinco organizaciones de derechos humanos denunciaron la muerte de al menos 10 privados de libertad en varias cárceles del país en los últimos dos meses. Según un comunicado divulgado este miércoles 11 de noviembre, esas muertes son consecuencia directa de una “hambruna provocada” y de la falta de atención médica oportuna.
Las organizaciones reclaman que, hasta ahora, las autoridades no han reaccionado.
Los grupos exigen la separación inmediata del director general del Sistema Penitenciario y de los directores de los centros penitenciarios Nueva Esperanza, en Colón, y La Joya y La Joyita, en Pacora. Piden que dejen el cargo mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales que deben deslindar responsabilidades por estas muertes.
Al momento de redactar esta noticia se conoció sobre la renuncia de Chanan Singh, a la dirección general del Sistema Penitenciario. No se ha dado a conocer los motivos.
También emplazan a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a explicar al país, “de forma inmediata”, la cifra oficial de fallecidos. Le piden detallar las medidas urgentes para frenar lo que califican como una “crisis humanitaria en los penales”.
El pronunciamiento llega días después de que Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá pidieran a la Defensoría del Pueblo investigar de oficio la muerte de Gabriel Alveo, de 32 años.
Alveo cumplía una condena de cuatro años en Nueva Esperanza. Según la denuncia de las organizaciones, murió el 15 de octubre, horas después de ingresar a un hospital con desnutrición severa y sangrado intestinal. Le faltaban 10 meses para cumplir su condena.
Sin comida de los familiares
El comunicado afirma que, desde junio, las autoridades prohíben a los familiares llevar alimentos a los centros penitenciarios. Desde entonces, los privados de libertad dependen de las raciones que suministra el Estado, las cuales las organizaciones califican de “drásticamente insuficientes”.
“Limitar, restringir o negar la alimentación a personas bajo custodia del Estado constituye un acto criminal”, advierten los firmantes. Para ellos, esa práctica representa una violación flagrante del derecho a la vida y a la integridad física, además de una forma de trato cruel e inhumano.
Panamá ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y aprobó la ley que crea el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT). Desde 2017, la Defensoría del Pueblo ejerce esa función.
Tocumen y Vélez Loor
Los firmantes evocan la tragedia del 9 de enero de 2011 en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Ese día, una protesta por la falta de agua y comida terminó con la muerte de cinco adolescentes, quienes fallecieron quemados dentro de una celda.
Por esos hechos, los tribunales condenaron a miembros de la fuerza pública y a custodios civiles. Las organizaciones describen ese episodio como “una herida abierta en la conciencia nacional”.
También citan la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Panamá en 2010, en el caso Vélez Loor, por las deficiencias en sus centros de detención.
A juicio de los firmantes, las condiciones actuales “superan la gravedad” de aquel antecedente. Advierten que, si esta situación continúa, el Estado panameño volverá a figurar como violador de derechos humanos.
“Detrás de cada vida perdida dentro de los centros penitenciarios hay un drama humano devastador”, advierten las organizaciones. Según ellos, la angustia alcanza a miles de hogares con parientes en las cárceles, que hoy “viven en constante terror”.
“El Estado panameño mantiene la obligación constitucional de actuar como garante de la vida y salud de toda persona bajo su custodia”, concluye el comunicado.
“Restringir la alimentación a una persona detenida es un delito que no puede quedar impune”.
