La reducción de las partidas mensuales destinadas al funcionamiento de las juntas comunales de San Miguelito generó diferencias entre los representantes de corregimiento y la alcaldesa Irma Hernández, un asunto que fue llevado a la Procuraduría de la Administración.
Las juntas, que anteriormente recibían hasta $28 mil mensuales este año, tienen ahora un límite de $8 mil. La Alcaldía de San Miguelito sostiene que la medida responde a que las proyecciones de recaudación municipal no se han cumplido.
Ante una consulta del Consejo Municipal de San Miguelito, la Procuraduría de la Administración señaló, en una nota del pasado 4 de septiembre, que un acuerdo aprobado por ese órgano sólo puede modificarse mediante otro acuerdo. También detalló que una orden verbal de la Alcaldía no puede sustituir ese procedimiento.
El criterio aparece en la Nota C-SAM-78-26, firmada por la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen. El documento responde a una consulta presentada el 5 de agosto por Juan Barsallo, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, sobre el alcance que pueden tener las instrucciones dadas desde la Alcaldía para reducir o cambiar partidas del presupuesto.
Para la Procuraduría, eso no es posible. Si el Consejo de San Miguelito aprobó el presupuesto mediante un acuerdo, cualquier cambio que lo modifique debe hacerse mediante otro acuerdo. La Alcaldía no puede, mediante una instrucción verbal, cambiar una decisión que fue tomada formalmente por los representantes de corregimiento.
La Procuraduría aclara que su respuesta sirve como orientación y que no le corresponde decidir si una actuación específica de la Alcaldía es legal o ilegal. Aun así, el criterio marca un límite claro: la Alcaldía administra el presupuesto, pero no puede cambiar por su cuenta lo que el Consejo Municipal aprobó.
El debate
Sheyla Grajales, representante de Victoriano Lorenzo, explicó que el argumento de la Alcaldía es que la recaudación municipal no alcanzará los $21 millones previstos para este año.
“Estos fondos no son solamente para mantener funcionando las oficinas. También se utilizan para ayudas sociales, medicamentos, gastos funerarios, reparación de cunetas y veredas, construcción y colocación de pasamanos”.
Ante ese escenario, la administración habría dispuesto repartir $72 mil mensuales entre las nueve juntas comunales, lo que equivale a $8 mil para cada una entre agosto y diciembre.
Para Grajales, la reducción afecta la capacidad de las juntas para atender sus corregimientos. Señaló que esos fondos no se destinan únicamente al funcionamiento de las oficinas, sino también a ayudas sociales, medicamentos, gastos funerarios, reparación de cunetas y veredas, construcción y colocación de pasamanos, entre otras gestiones.
Grajales también cuestionó la forma en que se aplicó la reducción. Aseguró que algunos representantes enviaron sus gestiones de cobro por los montos establecidos inicialmente y que la Contraloría las devolvió porque las cifras no coincidían con el presupuesto municipal vigente.
Según su relato, esto implicaría que cualquier reducción debe pasar por una modificación presupuestaria que tendría que ser discutida por el Consejo Municipal.
La representante cuestionó, además, que la Alcaldía haya optado por un decreto para aplicar la reducción y sostuvo que el pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración respalda la posición de los ediles de que cualquier cambio al presupuesto debe hacerse mediante el procedimiento correspondiente.
La defensa
Pese a los cuestionamientos de los ediles y al criterio expuesto por la Procuraduría de la Administración, la Alcaldía de San Miguelito sostiene en el decreto que la medida no modifica el presupuesto aprobado.
El documento señala que no se reducen, cancelan, trasladan ni reasignan las partidas establecidas en los artículos 57 al 65 del Acuerdo Municipal No. 80 de 2025, sino que se establece una restricción temporal al gasto mensual debido al nivel de recaudación y a la disponibilidad de fondos.
La Alcaldía sostiene que no modificó el presupuesto: afirma que las partidas de las juntas siguen vigentes.
Restricción temporal: el límite de gasto responde a la recaudación y disponibilidad de fondos y se mantendrá mientras los ingresos sean insuficientes.
Nueve juntas afectadas: las juntas comunales de San Miguelito atienden a una población de casi 300 mil personas.
La medida se mantendrá mientras los ingresos sean insuficientes para cubrir el gasto presupuestado y su aplicación estará a cargo de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Planificación y Presupuesto.
