La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aceptó (prohijó) este martes 17 de septiembre, la propuesta legislativa que modifica el Código Judicial para prohibir el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de personas que denuncian actos de corrupción.
La iniciativa, impulsada por el diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, contó con el apoyo de cinco diputados, mientras que tres votaron en contra y se registró una abstención.
Votaron a favor: Luis Cheng y Roberto Zúñiga, de Vamos; José Pérez Barboni, de Moca; Francisco Brea, del Partido Panameñista; y Ana María Poveda, suplente de Didiano Pinilla, del partido Cambio Democrático.
Votaron en contra: Ariel Vallarino y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), al igual que Johana Cedeño, suplente de Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Marta Sandoya, suplente de Crispiano Adames, del PRD, se abstuvo.
Los argumentos
El primero en anunciar que votaría en contra del proyecto fue el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho.
Representantes de gremios interesados en el tema estaban presentes en la sala. Camacho incluso invitó a la abogada Holanda Polo, del Colegio Nacional de Abogados, a trasladarse hasta el podio para que opinara sobre la propuesta, pero enseguida el mismo Camacho corrigió: “Perdón, me confundí. En los prohijamientos solo pueden intervenir los diputados. Los invitados son para el primer debate...”, completó.
Después de contar anécdotas de su paso por medios de comunicación y de autoproclamarse “denunciante” y amplio conocedor de los asuntos de libertad de expresión, sustentó su posición. Dijo que el proyecto pone a los servidores públicos en desventaja, pues les quita los derechos que tiene todo el mundo.
“Nosotros los servidores públicos estamos en una categoría de subhumanos”, manifestó, para luego señalar que se les ha prohibido demandar penalmente a quienes ataquen su honra: “Eso está prohibido para nosotros”.
Dirigiéndose a Cedeño, quien se encontraba entre el público, manifestó que con este “procedimiento” se les coarta la posibilidad de secuestrar por lo civil. “El proyecto es inconveniente”, concluyó.
Enseguida habló su copartidario Ariel Vallarino. “Este proyecto genera más riesgos que beneficios”, sentenció para luego leer su posición desde una computadora. “El sistema judicial requiere de mecanismos que protejan tanto a los denunciantes como a los afectados, pero no a costa de desproteger los derechos patrimoniales y procesales de otros actores en el sistema...”, argumentó.
Siguió leyendo para concluir que el proyecto entra en conflicto con los principios constitucionales y legales del país.
Por su parte, el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente Vamos, dijo que la propuesta “es jurídicamente viable”. “Vale la pena que se discuta”, agregó luego de valorar ejemplos mencionados por Cedeño.
”Veo importante que se proteja a los denunciantes de actos de corrupción. Es importante debatir todos los elementos y ser precavidos en cuanto al alcance que pueda tener un texto tan amplio con referencia al tema de los medios de comunicación”, explicó.
Ernesto Cedeño, por su lado, defendió su iniciativa legislativa: “Estamos viendo que personas acaudaladas, para acallar la voluntad, secuestran medios de comunicación...”, manifestó.
“Aquí necesitamos luchar contra la corrupción, y sé que hay muchas personas que se sienten intimidadas porque las personas que tienen poder quieren quebrar los procesos...”, añadió.
El proyecto será discutido en primer debate en los próximos días.
