La Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá pidieron a la Defensoría del Pueblo que investigue de oficio la muerte de Gabriel Alveo, de 32 años, quien cumplía una condena en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza de Colón.
De acuerdo con una nota que las organizaciones enviaron a la entidad, las autoridades del penal notificaron su traslado al hospital el 13 de octubre, pero fue transportado el 15 de octubre. Falleció horas después de su ingreso.
La queja, registrada con el número Q1597-2026, está dirigida a la defensora Angela Russo con fecha del pasado 30 de octubre. En esa nota las organizaciones reconstruyen lo que pasó con base en lo que contaron los familiares.
Según ellos, desde el 9 de octubre Alveo no recibía suficiente comida ni la atención médica que necesitaba. El martes 13, funcionarios del penal llamaron al hospital para anunciar que lo trasladarían al centre médico. Pero, el traslado se concretó el jueves 15.
Afirman que Alveo ingresó con desnutrición severa y sangrado intestinal y murió ese mismo día.
Su hermana preguntó por qué habían tardado tanto. Le respondieron que no había vehículo policial ni custodios disponibles.
Sin embargo, las organizaciones rechazan esa explicación. En el documento advierten que la falta de transporte o de personal de custodia no justifica legalmente retrasar una emergencia médica de alguien que está bajo custodia del Estado.
Afirman que esa omisión es trato cruel, inhumano y degradante. Citan el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe las medidas que dañen la integridad física, mental o moral de los detenidos. También citan las Reglas Nelson Mandela y los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las personas privadas de libertad.
Alveo era de Villa del Carmen, en Guásimo de Donoso. Cumplía una condena de cuatro años y le faltaban unos diez meses para salir. Tenía dos hijos pequeños.
La familia ya denunció el caso ante el Ministerio Público. Aun así, las organizaciones dicen que el proceso penal no exime a la Defensoría, que funciona como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de revisar por su cuenta las responsabilidades administrativas en el penal. Ese mecanismo puede entrar sin aviso y sin restricciones a cualquier centro penitenciario.
La carta también describe el estado de Nueva Esperanza. El penal tiene capacidad para 1,322 personas y hoy alberga a 2,565, casi el doble. Según las organizaciones, ese hacinamiento acelera el deterioro de la salud de los internos y dificulta que lleguen a tiempo a un hospital.
Lo que piden a la Defensoría:
Determinar las responsabilidades disciplinarias del personal médico, administrativo y de custodia sin esperar a que termine el proceso penal.
Inspeccionar de urgencia el penal para revisar la alimentación y la atención médica del resto de los presos.
Pedir al penal y al hospital los informes médicos y las bitácoras de traslado, para saber quién retrasó la salida de Alveo durante más de 48 horas.
Emitir recomendaciones obligatorias a la Dirección General del Sistema Penitenciario sobre alimentación, atención médica, ambulancias y protocolos de traslado de urgencia en Colón.
Este medio envió un mensaje al director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, para conocer su versión de los hechos. Al cierre de esta edición no había respondido. Una vez conteste, su versión será incorporada a esta nota.
