El pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Carlos Rogelio Ayala Montero como magistrado principal del nuevo Tribunal Administrativo de la Función Pública, entidad que se encargará de conocer los casos de destituciones de funcionarios en carrera administrativa.
Ayala Montero estará en el cargo por un periodo de cinco años y fue designado por el presidente Laurentino Cortizo. El pleno también ratificó el pasado 20 de marzo a Lyda Angélica Rodríguez Baso como magistrada suplente, también por un periodo de cinco años.
La designación y ratificación de ambos magistrados llega casi seis años después de que entrara en función este nuevo tribunal, en junio de 2018.
Este Tribunal Administrativo de la Función Pública, que inició operaciones en junio de 2018, fue una de las novedades de la Ley 23 del 12 de mayo de 2017, que regula la carrera administrativa.
Tres magistrados deben conformarlo: uno designado por la Asamblea Nacional y dos por el Ejecutivo. El legislativo nombró en 2018 a Nelly Edith González Hernández, como magistrada, una de sus más antiguas funcionaria, y como suplente a Martín Wilson, hijo de Jerry Wilson, exdiputado y exasesor legal de la Asamblea.
