“Si para una operación en el hombro hace falta irse al extranjero, algo malo estamos haciendo en nuestra salud pública”. Esa fue la frase con la que sustentó el diputado Luis Duke, de la Coalición Vamos, uno de los tres proyectos de ley que hoy buscan prohibir a entidades del Estado contratar pólizas de seguros privados.
Los tres proyectos fueron prohijados el miércoles 24 de septiembre en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, y varían en extensión y forma, pero tienen la misma finalidad de prohibir esta práctica en instituciones del Estado, de las que en solo siete hubo un gasto de $168.5 millones en seguros privados este 2025, según reportó La Prensa tras una revisión al portal de Panamá Compra.
Duke hizo la alusión de la “operación en el hombro” y mencionó al presidente de la República, José Raúl Mulino, quien fue operado con éxito en su hombro izquierdo este jueves 25 de septiembre en el Hospital de Cirugías Especiales de Nueva York, Estados Unidos.
No obstante, el presidente señaló que paga la operación con su dinero.
Para el diputado Duke, las condiciones del sistema de salud del país deberían ser mejores para evitar acudir a sistemas en el extranjero. Asimismo, en su proyecto de ley contempla la prohibición de incluir gastos en seguros privados dentro del presupuesto general del Estado.
En eso coincidió con otros dos proyectos, uno de Jairo ‘Bolota’ Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otro de Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos’ y el Movivimiento Otro Camino (Moca).
En total, son 43 entidades del Estado que actualmente cuentan con pólizas de seguro colectivo privado para su personal. La información fue dada a conocer por la Contraloría General de la República al diputado Cedeño. Sin embargo, este ente desconoce si la totalidad de las pólizas las costea el Estado a través del presupuesto asignado para cada entidad.
Entre las entidades que más destinan recursos a la contratación de seguros se encuentra el Órgano Judicial, por unos $15 millones a la empresa aseguradora ASSA; el Ministerio de Seguridad, con $68 millones a MAPFRE; el Benemérito Cuerpo de Bomberos, con $3.9 millones a ASSA; entre otros.
La propuesta de Cedeño busca prohibir que se pueda incluir en el presupuesto asignado a las entidades públicas partidas para el pago de seguros de vida, salud u accidentes. En su lugar, especifica que los funcionarios solo puedan ser cubiertos por los servicios de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), o pagarse con sus recursos el seguro privado.
Duke coincide en esa línea y agrega que los recursos que hoy se destinan a seguros privados deben destinarse a la CSS y el Minsa. Bolo Salazar, por su parte, añade una sanción a los funcionarios que destinen recursos públicos a la contratación de los seguros privados.
Los tres proyectos serán analizados por una subcomisión en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea para que posteriormente se discuta un potencial texto único en primer debate.
En tanto, el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2026 concluye su análisis en la Comisión de Presupuesto este 25 de septiembre. Se espera que los comisionados hagan recomendaciones de potenciales ajustes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
