El cobro de $5 a viajeros que lleguen a Colón por vía marítima o aérea quedó en suspenso. El alcalde del distrito, Lorenzo Diógenes Galván, devolvió sin sancionar el acuerdo municipal que pretendía cobrar ese monto a viajeros y transeúntes no nacionales que ingresaran o desembarcaran en instalaciones portuarias, aéreas o marítimas del distrito.
El acuerdo municipal No. 101-40-16, aprobado el 15 de septiembre de 2026, establecía una denominada “Tasa de uso, limpieza y seguridad”.
Sin embargo, Galván objetó su conveniencia y cuestionó que el documento no explique con precisión qué servicio municipal recibiría cada persona a cambio del pago.
En una nota del 28 de septiembre dirigida al presidente del Consejo Municipal, Carlos Lima, el alcalde también cuestionó la metodología utilizada para fijar los $5.
El acuerdo no detalla cuánto cuesta el supuesto servicio por usuario, qué dependencia municipal estaría a cargo ni cómo se distribuiría el monto entre limpieza, seguridad y uso de las instalaciones.
El documento tampoco precisa cuáles de las terminales involucradas son bienes municipales. Para Galván, esa información es relevante para determinar si existe realmente un servicio prestado por el Municipio de Colón que pueda ser financiado mediante una tasa.
Doble tributación
Otro de los cuestionamientos apunta a un posible escenario de doble tributación. El alcalde sostiene que el ingreso y tránsito de personas por el territorio nacional involucra materias reguladas por autoridades del Gobierno central, por lo que considera necesario establecer con claridad el fundamento municipal del cobro.
Como antecedente, la Alcaldía de Colón citó el caso del Municipio de Barú, que estableció un denominado “sello de servicio turístico” para viajeros. Según el documento remitido al Consejo Municipal, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia posteriormente declaró ilegal ese cobro.
La decisión del alcalde se produjo luego de reuniones con autoridades del sector turismo, empresarios y representantes de corregimiento de la zona.
El rechazo
Algunas figuras públicas ya se habían pronunciado contra la medida. Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, sostuvo que la decisión fue tomada sin consultar al sector privado y advirtió que podría restar competitividad al país frente a otros puertos del Caribe.
“Las navieras miden cada centavo y cada costo”, señaló Duque, quien considera que un nuevo cobro podría influir en las decisiones de las compañías sobre sus rutas y escalas.
Duque también advirtió que el impacto podría alcanzar al comercio colonense si los pasajeros deciden no desembarcar. Artesanos, transportistas, comercios y otros negocios que dependen del gasto de los cruceristas forman parte de una cadena que, según la empresaria, podría verse afectada.
El exprocurador de la Administración, Rigoberto González sostuvo que el punto de fondo no es impedir que los municipios busquen nuevas fuentes de ingreso, sino evitar que cobren sobre actividades que corresponden a la Nación o que ya están gravadas.
De hecho, explicó que la Constitución establece límites entre los impuestos nacionales y municipales precisamente para evitar la doble tributación.
Recordó que las disputas por cobros municipales han llegado en numerosas ocasiones a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y que sus fallos —en los que generalmente prevalece el impuesto nacional— han señalado los límites entre las potestades tributarias nacionales y municipales.
“La Constitución establece límites entre los impuestos nacionales y municipales precisamente para evitar la doble tributación”.
Los cruceros ya generan distintos pagos antes y durante su operación en los puertos panameños. El flujo de pasajeros de cruceros que desembarcan en Panamá se ha mantenido por encima de los 300 mil al año desde 2023, con una disminución de apenas 0.3% en 2024 y un repunte de 11.5% en 2025.
