El procurador de la Administración Rigoberto González, le recordó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que “tramitar” y “aprobar” traslados de partidas para asuntos distintos a los de obras de inversiones y la atención de servicios sociales después del 15 de noviembre es contrario al artículo 319 de la Ley 336 de 14 de noviembre de 2022, que dicta el presupuesto General del Estado.
“Los traslados de partidas podrán ser tramitados a partir del 1 de febrero y hasta el 15 de noviembre, no obstante, podrán realizarse en cualquier época del año en el caso de obras de inversiones y gastos para la atención de servicios sociales”, dice la mencionada norma.
La opinión de González surgió a partir de que el diputado independiente Juan Diego Vásquez, le consultó sobre un traslado de partida de $376 mil 513 que fue gestionado el pasado 21 de noviembre, por la Autoridad de Pasaportes de Panamá, a cargo de Omar Ahumada, para “pagar incentivos y bonificación” a colaboradores de la entidad.
La Comisión de Presupuesto, en mi opinión, viola la ley de presupuesto al aprobar traslados distintos a servicios sociales luego del 15 de noviembre.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 6, 2023
La aprobación en la Comisión es parte del trámite y no puede darse fuera de tiempo.
Lean y saquen sus conclusiones. pic.twitter.com/vy0g8zK2xQ
Sin embargo, ese día, el trámite fue suspendido mientras se hacían las consultas. Pero el pasado miércoles 6 de diciembre recibió el visto bueno. La comisión no acogió la opinión del procurador, pero sí la del Ministerio de Economía y Finanza (MEF), entidad que planteó que recibieron la solicitud para el traslado el pasado 25 de octubre, y el 16 de noviembre, emitieron la “no objeción del trámite, a través de un visto bueno”. Dicho traslado fue remitido a la Comisión de Presupuesto el 21 de noviembre.
En la nota del MEF se añade que la Autoridad de Pasaportes de Panamá “ingresó oportunamente” el traslado y que cumplió con el artículo 319 de la Ley 336 de presupuesto.
Pero Vásquez dijo que el traslado es “ilegal”, porque entra en la clasificación de servicios económicos, sin importar a qué va dirigido.
¿Extralimitación de funciones?
Después del 15 de noviembre, la Comisión de Presupuesto ha celebrado al menos dos sesiones para aprobar traslados de partidas.
El pasado miércoles, la instancia legislativa no solo avaló $20.4 millones para saldar cuentas pendientes a la empresa Bagatrac, S. A., también le dio luz verde al MEF, con una partida de $22.6 millones, para el pago de resoluciones por incentivos fiscales, al sector vivienda, agropecuario e industrial, entre otros. Este último traslado, según Vásquez también sería ilegal.
En medio del debate el diputado informó que la solicitud se hizo el 4 de diciembre, fue probado por el MEF el 5 de diciembre y se discutió el 6 de diciembre.
Bajo este escenario, Vásquez indicó que sería un “irrespetuoso” al no reconocer el manual de clasificación de gastos del sector público y acto seguido le consultó al viceministro de Economía, Carlos González, quien sustentó el traslado, si ¿el servicio de la deuda forma parte de esos servicios sociales? “A mi parecer no”, dijo el diputado.
González indicó que los gastos que se están financiando si están orientados a programas de promoción de inversiones de vivienda y de promoción de exportación, no obstante, la fuente que se utiliza son ahorros del servicio de la deuda. “No estamos fortaleciendo el servicio de la deuda en sí”, añadió.
El tema ya genera debate en las redes sociales. El abogado Eduardo Quirós escribió en X el siguiente mensaje: “si la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprueba traslados de partidas presupuestarias que no sean para obras de inversión y gastos para la atención de servicios sociales, estaría incurriendo en EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES”.
La Comisión de Presupuesto está conformada por 15 diputados de las diferentes bancadas legislativas, sin embargo, es controlada por el oficialista PRD.
