El Tribunal Electoral (TE) entregó a la Fiscalía General Electoral más de 3 mil certificados de defunción, que se constituyen en prueba, para que comience una investigación por el presunto delito de suplantación de firmas de personas fallecidas a precandidatos por libre postulación a la Presidencia de la República.
Así lo informó Osman Valdés, director nacional de Organización Electoral, quien presentó la denuncia junto al equipo legal del TE, ante el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza.
Valdés dijo que la próxima semana presentarán más pruebas por la presunta comisión del mismo delito para otros cargos de elección popular.
El artículo 471 del Código Electoral establece que se sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años a la persona que “falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten a la persona a quien le corresponda una cédula, con el propósito de producir fraudes electorales”.