La mañana de este martes 16 de mayo se presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, en contra de funcionarios de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), el Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República ante los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales, comandadas por autoridades del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La denuncia fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien pide sea investigada la conducta de los funcionarios que hicieron viable el uso de dichos fondos.
Esto, a raíz de una publicación que hiciera este medio en la que se indica que en los últimos tres años la AND, actualmente a cargo de Edward Mosley Ibarra, ordenó pagos por $202 millones a 475 de las 679 juntas comunales del país, fuera del esquema establecido por la Ley, siendo los corregimientos con representantes PRD, quienes se llevan la mayor parte, aumentando así los fondos en 2022 y 2023, en tiempos de campaña.
Pese a que la norma señala que los fondos que entrega la entidad serán para hacer proyectos de inversiones en las comunidades, las transferencias se hicieron de manera discrecional, con sumas muy superiores a los $110 mil, que está obligada la ADN a dar por ley a cada una de las 679 juntas comunales del país. En algunos casos es hasta diez veces más de lo estipulado.
Así las cosas, Cedeño manifestó que no se pueden manejar los fondos de la descentralización, para menesteres políticos. “No se puede volver a las llamadas partidas circuitales. Los bienes del Estado se deben administrar bien”, acotó.
En la denuncia el abogado señala que la acción de los funcionarios pudo haber transgredido el artículo 25 del Código de Ética de los Servidores Públicos, el cual indica que: “el servidor público debe proteger y conservar los bienes del Estado. Debe utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento”.
Añade que “tampoco puede emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines políticos o particulares, ni otros propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. No se consideran fines particulares las actividades que, por razones protocolares o misiones especiales el servidor deba llevar a cabo fuera del lugar u horario en los cuales desarrolla sus funciones”.
En manos de la Procuraduría de la Administración queda si admite o no la denuncia presentada hoy.
