El Ministerio de la Presidencia, bajo la dirección de Juan Carlos Orillac, lleva adelante una licitación pública para el arrendamiento de 172 vehículos destinados al uso del personal de la entidad y sus dependencias, por un periodo de 24 meses.
El precio de referencia del contrato es de $7.6 millones, según lo establece el portal PanamaCompra, sistema oficial de contrataciones públicas del Estado panameño.
Detalles del proceso
La convocatoria para este acto fue publicada el 12 de mayo de 2025 y la fecha límite para la presentación de propuestas fue el 2 de julio, a las 10:00 a.m., con apertura de sobres a las 10:01 a.m. del mismo día.
Según el reporte, no se registraron incidencias durante el acto público (No. 2025-0-03-01-08-LP-000008).
Cinco fueron las empresas que mostraron interés en participar. Estas son:
AutoMarket Rent a Car
Budget Rent a Car Panamá, S.A.
National Car Rental
Thrifty Car Rental
Express Rent a Car
Sobre los vehículos requeridos
De acuerdo con el pliego de cargos, el Ministerio solicita:
50 camionetas todo terreno 4x4
50 camionetas 4x4 Premium
30 vehículos tipo SUV, cuatro puertas
25 sedanes medianos, cuatro puertas
Entre otros modelos específicos que se muestran en la imagen a continuación:
Modalidad de adjudicación
El acto público se ejecuta bajo la modalidad por renglón, lo que permite dividir el proyecto en partes para facilitar la participación de varios proponentes y promover la libre competencia. Cada renglón puede adjudicarse a un proveedor distinto, en lugar de otorgar todo el contrato a una sola empresa.
Según lo establecido en el pliego de cargos, los vehículos deberán ser entregados en el Palacio Presidencial, ubicado en el corregimiento de San Felipe, previa coordinación con el personal designado del Ministerio de la Presidencia.
El término de entrega estipulado es de 24 meses, mientras que la vigencia total del contrato será de 26 meses.
La forma de pago acordada corresponde a la modalidad de crédito, con un plazo de pago fijado en un máximo de 90 días calendario a partir de la recepción conforme del servicio.
Como parte de los requisitos obligatorios, los proponentes debieron presentar una declaración jurada que certificara que no se encuentran inhabilitados para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, modificado por la Ley 153 de 2020, así como a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 439 de 2020 y sus posteriores modificaciones.
