El proyecto de presupuesto para 2026, presentado la semana pasada ante el pleno de la Asamblea Nacional, envía un mensaje claro a las universidades oficiales: deberán hacer más con menos.
De hecho, la propuesta contempla un recorte sustancial para la mayoría de las universidades estatales. En total, se prevé asignar $590 millones a estas instituciones, lo que representa una disminución de más de $156 millones con respecto a los $746.3 millones aprobados para el año 2025.
La Universidad de Panamá (UP), la más grande del país, será una de las más afectadas, con una reducción de casi $78 millones: pasará de $395.3 millones en 2025 a $317.5 millones en 2026. También sufrirá un recorte importante la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), cuyo presupuesto proyectado bajará de $198 millones a $144 millones, una disminución del 27 %.
Las críticas
El contralor general de la República, Anel Flores, lanzó este año duras críticas contra la Universidad de Panamá, al cuestionar la eficiencia en el uso de su presupuesto anual, que ronda los $300 millones.
“La Universidad cuesta $300 millones al año, y usted va a las instalaciones […] dan desvergüenza, los baños cayéndose. Es una desgracia”, afirmó ante medios de comunicación. Para Flores, no es aceptable que una institución con semejante asignación de recursos exhiba un nivel de deterioro tan evidente en su infraestructura.
Además de los señalamientos sobre la administración presupuestaria, Flores denunció la existencia de lo que llamó “clanes familiares” dentro de la institución. “La universidad se ha convertido en una finca de alguien o de varias [personas]. Hay varias familias que heredan los puestos y tienen a todos los parientes ahí: los yernos, las nueras, los hijos, las hijas. Eso no puede ser”, aseguró, en un mensaje que apunta directamente a las prácticas de nepotismo y clientelismo que, según él, persisten en la universidad pública más grande del país.
Como consecuencia de estas observaciones, la Contraloría emitió la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, que dejó sin efecto una normativa anterior que permitía a supervisores y coordinadores refrendar compras de hasta $50,000 dentro de la Universidad de Panamá.
Desde entonces, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, lo que ha duplicado los tiempos de gestión administrativa. En respuesta, la universidad, que dirige Eduardo Flores, ha solicitado el restablecimiento de la Oficina de Control Fiscal en el campus, el aumento del tope de refrendo directo y una mayor agilidad en la validación de trámites, ante el riesgo de una parálisis operativa.
Otras universidades
Otras universidades estatales también verán mermados sus recursos. La Universidad Marítima pasará de $23.2 millones a $18.1 millones, mientras que la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) enfrentará una reducción aún más severa: de $54 millones en 2025 a solo $36.2 millones en 2026. En el caso de la Universidad de los Pueblos Indígenas, el recorte es del 60 %, con una asignación de apenas $1.5 millones frente a los $3.8 millones del año anterior.
La única institución que registra un ligero aumento es la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuyo presupuesto subirá de $72 millones a $72.7 millones.
La gestión de Etelvina Medianero de Bonagas al frente de la Universidad Autónoma de Chiriquí ha estado marcada por una creciente ola de críticas e investigaciones por presuntas irregularidades administrativas. En los últimos años, se han denunciado casos de nepotismo, salarios elevados para funcionarios cercanos a su círculo y pagos cuestionables en concepto de primas y bonificaciones.
La Autoridad Nacional de Transparencia (Antai) investiga actualmente a 90 personas vinculadas a la universidad por posibles conflictos de interés. Además, la comunidad académica ha advertido sobre intentos de silenciar voces críticas, como ocurrió con la sanción impuesta a un exdecano que denunció públicamente la gestión de Bonagas.
