El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, expresó en una nota fechada el pasado 27 de mayo sus consideraciones sobre la acción del contralor general de la República, Gerardo Solís, de negarse a divulgar la información completa sobre todos los beneficiarios de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
En la misiva, de 15 páginas de extensión, el procurador González concluyó que: “por tanto, disponer previamente por parte de un funcionario público no permitir el acceso a la información de carácter público, aduciendo para ello que tal información va a ser utilizada con fines, por ejemplo, políticos, puede constituirse en una especie de censura previa en cuanto al acceso a esa información comprendida dentro del derecho a la libertad de expresión, tal como ha sido reconocido por instancias internacionales que tutelan derechos humanos, relacionados con el acceso y disposición de información de carácter público”.
El documento del procurador de la Administración surge como una respuesta a una consulta del abogado Guillermo Cochez, quien el 17 de abril pasado remitió al funcionario una nota contentiva de tres preguntas en las que le solicita que se aclare el alcance de la capacidad del Ifarhu para el otorgamiento de becas, auxilios económicos u otras prestaciones económicas de forma arbitraria, así como la potestad legal del contralor general de la República para refrendar dichas prestaciones, y la capacidad discrecional que tendría el contralor para evitar la divulgación pública de dicha información.
El procurador González explicó en su nota el alcance de las becas y auxilios que pueden ser otorgados por la administración pública: “... El Estado no hace ninguna distinción de clase social, entre aquellos estudiantes que soliciten becas, auxilios económicos u otras prestaciones monetarias para realizar estudios; sin embargo, en la medida que exista una igualdad de condiciones, el beneficio prevalecerá para aquellos estudiantes económicamente más necesitados o desprovistos”.
Una investigación del diario La Prensa reveló que entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, el Ifarhu entregó 4,903 auxilios económicos no reembolsables, pero solo se conoce la identidad de 2,144 beneficiarios, dado que el contralor general de la República se negó a divulgar públicamente la identidad del 56.13% de los que recibieron los fondos.
