Grettel Villalaz de Allen, designada por el presidente José Raúl Mulino como procuradora de la Administración, seguirá fiscalizando las conductas de los funcionarios públicos, tal como lo hace hoy día el actual procurador Rigoberto González.
Lo afirmó frente a los diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, quienes durante la noche del pasado martes votaron de manera unánime para solicitarle al pleno legislativo (71 diputados) que la ratifique en el cargo. El paso de Villalaz por la comisión se dio después de un día marcado por las protestas de alcaldes y representantes, que reclamaban más presupuesto para sus obras públicas.
En medio del debate sobre su ratificación, la diputada Yesica Romero, del partido Cambio Democrático (CD), le preguntó: “Hemos visto a un procurador muy activo en materia de investigación sobre las conductas de los funcionarios públicos, ¿qué trae usted sobre ese aspecto?”
Grettel Villalaz de Allen respondió lo siguiente: “Los deberes y atribuciones de la Procuraduría de la Administración están sustentados en la Constitución. Uno de esos es la fiscalización de las actuaciones de los funcionarios públicos, y obviamente, si esa es una de nuestras responsabilidades, vamos a cumplirla (...)”.
Retos
Con respecto a los retos que le esperan en el puesto, dijo que está comprometida a impulsar el proyecto que le da vida el código de procedimiento de lo contencioso administrativo. Catalogó el tema como “sumamente beneficioso para el país”, pues le permite a la ciudadanía acceder a los servicios públicos.
Respecto a la profesionalización de los servidores, afirmó que lo importante es que ellos sepan que las herramientas de rendición de cuentas y de transparencia son “importantísimas” para evitar la corrupción.
La diputada independiente Janine Prado intervino para señalar que el actual procurador [Rigoberto González] ha tenido un enfoque académico y profesional, pues responde todas las consultas por escrito. A partir de eso, le preguntó si estaría dispuesta a tener un rol más activo en los casos de conflictos en las juntas comunales o que no se desenvuelven como “debe ser”.
La procuradora designada contestó que la ley les permite adecuar la función de resolución de conflictos, pero añadió que se deben hacer ajustes y reorganizar la norma actual para dar una respuesta más real a la comunidad.
Prado también le preguntó si estaría de acuerdo con que la justicia comunitaria de paz se traslade al poder judicial. Villalaz de Allen recordó que nunca formaron parte del Judicial, sino del Ministerio de Gobierno. Considera que se debe hacer una revisión de la norma para que los requisitos exigidos para nombrar a los jueces de paz sean los adecuados.
Villalaz de Allen reemplazará a Rigoberto González Montenegro a partir de enero de 2025.
