Un proyecto de ley que busca declarar el 9 de junio de cada año como día cívico de reflexión por las víctimas de la dictadura militar en Panamá fue presentado recientemente en la Asamblea Nacional.
La iniciativa, impulsada por la diputada suplente Grettel Garrido, de la bancada Vamos, recuerda que en 2019 el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a establecer esa fecha para honrar a las víctimas.
El 21 de junio de 2019, el Estado y los comités de familiares de asesinados y desaparecidos suscribieron un acuerdo de solución amistosa en el que se fijaron compromisos que debía cumplir el Estado panameño con los familiares de las víctimas de la dictadura militar.
Entre las cláusulas consensuadas se incluyeron: la indemnización por daños y perjuicios; la realización de análisis de ADN a las osamentas encontradas; la ejecución de las investigaciones necesarias y la aplicación de sanciones a los responsables; el establecimiento de la categoría de “desaparecido” a través del Tribunal Electoral —solo para las víctimas— a fin de que su defunción pueda ser inscrita con la causa de muerte “desaparición forzada”.
El acuerdo también contempló la elaboración de memorias históricas del periodo comprendido entre 1968 y 1989, el diseño y construcción de un monumento en memoria de los asesinados y desaparecidos, un pronunciamiento público de “Perdón y Reconocimiento de Responsabilidad Internacional” y la oficialización del 9 de junio como día de conmemoración de los desaparecidos.
La fecha rinde homenaje al sacerdote Héctor Gallego, primera víctima de desaparición forzada, ocurrida el 9 de junio de 1971.
El documento establecía que el Estado tenía un plazo de un año para cumplir esos compromisos. “A la fecha, el Estado no ha cumplido ninguna de las cláusulas consensuadas en el acuerdo amistoso, dejando en total desamparo de justicia a los familiares y a las víctimas de la dictadura militar”, subrayó la proponente.
El proyecto dispone que las instituciones públicas, autónomas, semiautónomas, descentralizadas y los gobiernos locales realicen cada 9 de junio actos en recuerdo de las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura militar que gobernó Panamá entre 1968 y 1989.
Además, se incluirán en los planes de estudio de la enseñanza básica general —en la materia de Historia y otras afines— contenidos relativos a la instauración del régimen militar, las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo y la lucha ciudadana por el restablecimiento de la democracia.
La propuesta también señala que los medios de comunicación masivos controlados por el Estado deberán incluir, cada 9 de junio, en su programación contenidos que promuevan la memoria de los hechos ocurridos, los derechos humanos y los valores democráticos.
