Vuelve a la agenda pública la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. El diputado Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos, presentó un anteproyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional para que delitos como peculado, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos, concusión, cohecho, tráfico de influencias, fraude, entre otros, nunca prescriban en Panamá.
Es decir, que puedan ser investigados y sancionados sin importar cuántos años hayan pasado desde que se cometieron.
La propuesta contempla reformas al Código Penal para declarar “imprescriptibles” todos los delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o particulares que hayan afectado fondos o bienes del Estado.
Además, se busca incrementar las penas para estos delitos. Ya no se permitirían beneficios como el trabajo comunitario o el arresto domiciliario para quienes cometan estos crímenes graves.
En muchos casos, se eliminarían las penas sustitutivas para asegurar que los culpables cumplan condenas de cárcel. Incluso se restringiría la suspensión de la pena o la libertad condicional para estos delitos. Además, se haría obligatoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por corrupción.
Actualmente, la legislación panameña establece plazos de prescripción que, en muchos casos, impiden juzgar a funcionarios o exfuncionarios una vez transcurrido cierto tiempo, lo que ha derivado en una larga lista de casos cerrados sin sanción alguna.
Por ejemplo, a los investigados por el caso Odebrecht no se les procesó por corrupción porque, precisamente, este delito prescribió.
Damos un paso histórico contra la corrupción: volvemos a presentamos el anteproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y contra la administración pública.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 23, 2025
Porque sin importar cuánto tiempo pase, quien le robe al Estado tendrá que pagar. pic.twitter.com/Ia4YBvyBSP
Fortalecer la lucha contra la corrupción
Según el documento presentado esta semana, la iniciativa busca cerrar los espacios de impunidad y proteger el patrimonio del Estado. “La corrupción no puede seguir siendo premiada con el olvido”, señala la exposición de motivos. En esta parte de la propuesta se hace énfasis en que, al eliminar la prescripción, se fortalecería la lucha contra la corrupción y se reforzaría la confianza ciudadana en las instituciones.
El anteproyecto también advierte que, al tratarse de delitos que afectan de forma directa el interés público, deben recibir un tratamiento jurídico más severo. Esta idea se ha planteado en otras ocasiones, pero hasta ahora no ha logrado convertirse en ley.
En la actualidad, el Código Penal contempla penas que van desde seis meses hasta tres años de prisión para delitos como peculado o fraude en contrataciones públicas, e incluso pueden ser reemplazadas por trabajo comunitario o arresto domiciliario.
“Estas sanciones no van acorde con el daño que estos delitos generan al país. El que entra a la administración pública para robar le temerá a este proyecto; el que entra para servirle al país, lo apoyará”, manifestó el diputado Zúñiga.
La propuesta surge en medio de un marcado descontento social por la impunidad en casos de alto perfil que involucran millones de dólares en fondos públicos. En la última década, Panamá ha visto desfilar numerosos escándalos de corrupción que, en muchos casos, han quedado sin sentencia firme.
El pasado 20 de julio, La Prensa publicó una noticia sobre el caso del exministro de Educación Belgis Castro, a quien el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales le declaró prescrita la acción penal por un caso donde se investigaba la supuesta comisión de peculado por la instalación de fibra de vidrio en las escuelas oficiales de la provincia de Panamá Oeste.
Lea aquí: Declaran prescrita acción penal a exministro Belgis Castro en caso de instalación de fibra de vidrio
De aprobarse, la medida no sería retroactiva; es decir, aplicaría solo a los delitos cometidos a partir de la entrada en vigencia de la ley, aunque podría generar un efecto simbólico y político significativo: un mensaje claro de que la corrupción ya no tendrá fecha de caducidad en los tribunales.
El proyecto debe ser discutido en la Comisión de Gobierno antes de pasar al pleno legislativo. No obstante, la Asamblea aún no ha instalado sus comisiones de trabajo debido a desacuerdos entre las bancadas.
