De manera unánime fue aprobado este martes, 19 de octubre, en el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley 598 que regula el Cabotaje y las Actividades de Comercio Interior en Panamá.
La propuesta, que fue acogida con 45 votos a favor y cero en contra, tuvo el aval y consenso de los diputados de todas las bancadas, quienes reconocieron la importancia de aprobar una ley que proteja y reglamente el cabotaje nacional con el objetivo de generar mayor riqueza y beneficios para el país.
Con esta iniciativa se busca establecer controles para regular la industria marítima auxiliar, brindar estabilidad a la mano de obra panameña, garantizar la seguridad de la vida humana y la carga en el mar, así como la protección del medio marino.
Roberto Abrego, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, dijo que esta norma protegerá a los empresarios nacionales para que desarrollen una industria rentable que producirá fuentes de trabajo. Agregó que no se puede permitir que embarcaciones extranjeras que no ponen ni un solo trabajador panameño, ni un centavo a la economía local, realicen las actividades de cabotaje en nuestras aguas sin regulación.
A este proyecto realizaron aportes la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), la Cámara Marítima de Panamá (CMP), y otras organizaciones empresariales e interesadas en el sector.
Dentro de su articulado, el proyecto dispone que las naves que brindan servicios bajo licencias de operación para servicios marítimos auxiliares, deberán estar registradas bajo la bandera panameña. También fija que la tripulación de naves que presten servicios marítimos auxiliares deberá estar integrada por al menos 90% de nacionales panameños.
El diputado independiente, Juan Diego Vásquez indicó que esta regulación se está haciendo para fortalecer este sector de la economía, pensado para los panameños, no por un discurso nacionalista que pretenda desconocer la inversión extranjera, sino para que en el momento que se dé la reactivación económica se pueda potenciar y proteger no solo a las empresas, sino a las personas que tienen embarcaciones pequeñas y que brindan servicios en las áreas costeras del país.
Durante las discusiones de este proyecto, especialistas vinculados con la industria logística del país señalaron que era un impedimento a la inversión extranjera, mientras que otros manifestaron su conveniencia porque impulsa el desarrollo del sector marítimo a través de un marco jurídico con reglas justas.
