La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal nombró una subcomisión para el estudio del Proyecto de Ley 821, que modifica la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, que reglamenta el ordenamiento territorial, para el desarrollo urbano.
Esta propuesta fue presentada por los diputados independientes, Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva y Edison Broce el año pasado y según sus proponentes, tiene como fin garantizar un crecimiento urbano “armonizado” y “sostenible”, que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
De acuerdo con Vásquez, hay que ajustar la normativa a la realidad actual y modificar los artículos de la actual ley que han permitido excesos, que más que ordenar la ciudad han fomentado el desorden.
“El llamado crecimiento que lo asemejan a construir edificios no puede darse contra los vecinos de determinados barrios. Desarrollo sostenible es coexistir. Hoy los más nuevos y más adinerados aplastan al resto”, puntualizó el diputado sobre el desarrollo urbano actual en el país.
La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal presidida por el H.D. Tito Rodríguez nombró una subcomisión para el estudio del Proyecto de Ley 821, que modifica la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, que reglamenta el ordenamiento territorial, para el desarrollo urbano. pic.twitter.com/vfU6tJJkCd
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 30, 2023
En palabras de Vásquez, la regulación actual avala cambios a la zonificación, permitiendo así obras de mayor densidad sin revisar verdaderamente la capacidad instalada para agua potable, residual, movilidad urbana y más.
“La construcción de casas debe ser una actividad enfocada en la dignidad de la vivienda y el desarrollo sostenible, no el lucro a costa de todo”, apuntó.
Activistas como Xochilth Troncoso, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, plantean que les interesa participar de esta discusión.
De hecho, dijo que enviarán notas a la subcomisión para que se les permita expresar sus planteamientos.
Uno de los puntos claves de esta propuesta de ley es que proporciona a la ciudadanía mecanismos y medios de incidencia en la planificación de su territorio, impulsando la participación de las personas en los procesos de elaboración y modificación de los planes de ordenamiento territorial.
