Luego de que la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el proyecto de ley 168, el cual elimina el examen de barra como requisito obligatorio para ejercer la abogacía en Panamá, el presidente de la República, José Raúl Mulino, no descartó recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
“Creo que es un gran error, porque esa ley distorsiona la manera de hacerse abogado en este país”, afirmó este jueves Mulino en la conferencia de prensa semanal, que en esta ocasión se realizó en Santiago, Veraguas.
“Tendrá que llegar a mi despacho nuevamente y, si es del caso, —no lo he visto en detalle—, haré lo que corresponda frente a la Corte Suprema. Pero me preocupa mucho ese tema”, recalcó.
Ahora, con la aprobación por insistencia del proyecto, los estudiantes pueden elegir entre tres alternativas para obtener la idoneidad: presentar el examen de barra, la publicación de una tesis o la prestación voluntaria de una práctica profesional en un despacho judicial.
“Eliminar el examen de barras es un error que distorsiona cómo se hace abogado en Panamá”, afirmó el presidente José Raúl Mulino.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/l3cXfVmOoF
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 23, 2025
“Como abogado que soy, y créanme que es una ley que le dediqué tiempo para estudiarla como abogado con el grupo de asesores, las observaciones que hice son puntuales. No es toda la ley. Son temas específicos que trasladan competencias a donde no deben estar y que no van a garantizar en el tiempo la promoción de abogados de verdad, no de tinterillos o de abogados egresados de universidades de garaje”, enfatizó Mulino.
El presidente vetó el proyecto en septiembre pasado, al considerar que su contenido “representa un retroceso significativo en el ejercicio de la abogacía, al impedir la elevación de los niveles profesionales que la carrera exige y que la ciudadanía legítimamente demanda”.
Mulino adelantó este jueves que revisará nuevamente este proyecto, porque todavía tiene “una palabra que dar”.
Un examen de barra es una prueba de conocimientos profesionales, prácticos y éticos en derecho. En Panamá, su aprobación es obligatoria a partir de la aprobación de la Ley 350 del 21 de diciembre de 2022, que regula la profesión de abogado.
