En su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino respondió a una pregunta sobre el nombramiento del próximo procurador general de la Nación. “Serán dos nuevos procuradores”, dijo, en referencia a que también nombrará a la persona que reemplazará al actual procurador de la Administración.
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Sin embargo, otro nombramiento de relevancia que debe hacer el mandatario en los próximos días es el de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE). Se trata de la persona que reemplazará a Eduardo Valdés Escoffery, cuyo periodo vence en diciembre de este año.
De acuerdo con el artículo 142 de la Constitución, el TE se compondrá de tres magistrados que reúnan los mismos requisitos que se exigen para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estos serán designados, de forma escalonada, para un periodo de 10 años, así: uno por el Órgano Legislativo, otro por el Órgano Ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema de Justicia, entre personas que no formen parte de la autoridad nominadora. Para cada magistrado principal se nombrará, de la misma forma, un suplente.
En enero de 2017, la Asamblea Nacional, entonces controlada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), aunque con un Ejecutivo en manos del Partido Panameñista, escogió a Alfredo Juncá como magistrado del TE, quien reemplazó a Erasmo Pinilla.
En octubre de 2022, la Corte Suprema de Justicia designó a Luis Alfonso Guerra Morales, quien asumió el 15 de noviembre de ese año el puesto que dejó vacante Heriberto Araúz Sánchez. La llegada de Guerra al TE generó fuertes cuestionamientos, ya que su designación surgió de las entrañas del PRD, específicamente de la facción encabezada por su presidente, el diputado Benicio Robinson.
Ahora, el desafío del Ejecutivo, con Mulino a la cabeza, es nombrar al reemplazo de Valdés Escoffery. Voces como las del exdiputado independiente Juan Diego Vásquez han manifestó que no se puede nombrar a un amigo en este nuevo cargo, sino a alguien serio, independiente, conocedor de la norma y que pueda actuar conforme a derecho.
El líder político recordó que el Tribunal Electoral ha experimentado en los últimos años una “decadencia en su credibilidad”, y como árbitro, tiene muchos desafíos por delante.
El decreto 836 del 26 de diciembre de 2014, emitido por el Ministerio de Gobierno durante la administración de Juan Carlos Varela, nombró a Eduardo Valdés Escoffery para un periodo de 10 años.
Sin embargo, Valdés Escoffery ha desempeñado el cargo de magistrado del TE en los siguientes periodos: 1990-1996, 1996-2006, 2006-2014 y de 2014 a la actualidad.
¿Quiénes suenan?
Uno de los primeros nombres que surgió para el puesto fue el de Alma Cortés, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y actual directiva del partido oficialista Realizando Metas (RM). Sin embargo, según fuentes cercanas al Palacio de las Garzas, su perfil no convence.
También se menciona para esa posición a Maritza Cedeño, actual presidenta del Colegio Nacional de Abogados y abogada cercana al expresidente Martinelli. En los últimos días, también ha surgido el nombre de Narciso Arellano Moreno, exdecano de derecho en la Universidad Santa María la Antigua.
No se descarta la posibilidad de que el presidente de la República escoja a algún abogado de los que lo respaldó durante la campaña electoral, cuando la Corte Suprema de Justicia debatía sobre la constitucionalidad de su candidatura. Varios de los que hablaron a su favor en ese momento ocupan hoy cargos relevantes. Por ejemplo, José Miguel Alemán, fue nombrado embajador en Estados Unidos. Y así, la lista es larga.
El peso del TE
De acuerdo con el artículo 143 de la Constitución Política, el TE tiene 11 atribuciones, entre ellas: reglamentar, interpretar y aplicar la Ley Electoral, así como conocer de las controversias que surjan de su aplicación; elaborar el Padrón Electoral; y conocer, de manera exclusiva, los recursos y acciones presentados contra las decisiones de los juzgados penales electorales y de la Fiscalía General Electoral.
Las decisiones del Tribunal Electoral en materia electoral solo podrán recurrirse ante el mismo, y, una vez cumplidos los trámites de la Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Contra estas decisiones, solo se admitirá el recurso de inconstitucionalidad.
