El reciente acuerdo que le permitirá operar los puertos de Balboa y Cristóbal a la firma estadounidense BlackRock, en conjunto con el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y económico.
Según Jorge Luis Quijano, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la transacción representa un cambio significativo en la estructura de control sobre los puertos panameños.
En declaraciones a TVN, Quijano señaló que la operación puede interpretarse como una respuesta a la presión ejercida por Estados Unidos, que desde hace meses ha cuestionado una supuesta influencia china en la administración del Canal.
Reconfiguración portuaria
El exadministrador resaltó que, a pesar de las afirmaciones de Washington, China no ha tenido control sobre el Canal de Panamá. “Estas amenazas vienen desde hace dos meses y ponían a Panamá en una situación muy difícil ante hechos que no eran correctos”, expresó. Con la entrada de BlackRock y MSC, Quijano considera que se desmonta una de las premisas que alimentaban las presiones estadounidenses, aunque advierte que la situación podría evolucionar.
Uno de los puntos más relevantes de esta transacción es la presencia de BlackRock y Vanguard, dos de las firmas de inversión más grandes del mundo, junto a MSC, una compañía suiza con una fuerte presencia global en la industria portuaria. Quijano cuestionó cómo se reconfigurará el manejo de carga en los puertos, considerando que MSC ahora administrará infraestructura que también es utilizada por su competidor Maersk. “No ha habido ninguna inversión adicional en capacidad, pero sí una recomposición en la distribución de la carga”, señaló.
El impacto político de esta operación quedó evidenciado en un discurso del expresidente estadounidense Donald Trump, quien reafirmó su intención de que su país retome el control del Canal de Panamá. “El canal fue construido por estadounidenses, para estadounidenses, no para otros”, declaró, al tiempo que justificó la adquisición de los puertos como un paso en esa dirección. Sus palabras han generado preocupación en Panamá, donde algunos analistas consideran que podrían interpretarse como una amenaza a la soberanía del país.
Ante esta situación, Quijano instó al gobierno panameño a mantenerse vigilante. “El país debe darle seguimiento a la auditoría en curso”, advirtió, ya que podrían surgir irregularidades en la administración de los puertos bajo la concesión anterior (Panama Ports).
Actualmente, la Contraloría General de la República realiza una auditoría sobre el cumplimiento del contrato de concesión entre el estado Panameño y Panama Ports. Además, en la Corte Suprema de Justicia se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la extensión de la concesión.
La adquisición, agregó, no solo transfiere el control de los activos, sino también las responsabilidades y obligaciones asociadas a los contratos existentes.
Trump insiste
La compra de estos puertos ha sido interpretada por algunos sectores como una solución comercial a una crisis política, pero también genera incertidumbre sobre el futuro del Canal de Panamá y su relación con Estados Unidos. En palabras de Quijano, “aunque la operación puede reducir la tensión, Trump insistió en que el proceso de recuperación del Canal aún no ha terminado”.
Finalmente, el exadministrador enfatizó que el Canal de Panamá sigue siendo panameño y que el Tratado de Neutralidad se ha cumplido rigurosamente. “No hay espacio para interpretaciones erróneas: esta transacción es una decisión comercial, no un cambio de control sobre el Canal”, concluyó.
No obstante, advirtió que el gobierno panameño debe mantenerse atento a cualquier intento de presión externa que pueda afectar la soberanía del país sobre esta vía acuática fundamental para el comercio global.
