Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), tiene 72 años, cumplidos hace más de un mes. Sin embargo, esta semana, cuando le preguntaron su edad en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, dijo tener un año menos. En otras palabras, ni siquiera la edad se la podemos creer, porque sencillamente mentir parece ser parte de su ADN. Fue a la Asamblea a pedir traslados de partidas, que sumaban más de $860 mil, para bonificaciones y primas de antigüedad, incluso para tres difuntos, según ella misma admitió ante la pregunta de un diputado. Afortunadamente, le negaron todo.
La -¿magnífica?- rectora dijo que los profesores de edad avanzada no se quieren retirar y por eso fue a pedir dinero para incentivarlos. Pero no se retirarán, aunque convalezcan en una cama hospitalaria, debido a los jugosos salarios que les paga doña Etelvina. Además, bajo su rectoría se aprobaron las bonificaciones que ella, eventualmente, también recibiría. ¿Pueden imaginar cuánto sería, considerando su salario de $14 mil mensuales? Supongo que, de ser necesario, la rectora pondrá una unidad de cuidados intensivos en su despacho antes que retirarse, salvo que esté en sus estertores, momento en el que, entonces, será oportuno exigir su bono a cambio de su retiro.
Etelvina está sola y desprovista de protección. Hasta el presidente de la República la amenazó públicamente. Ya no está Benicio ofreciéndole su sombra protectora, ni tampoco el diputado Raúl Pineda, desaparecido de la Asamblea, ocupado con el problemón de su hijo: ligado a una red de lavado y tráfico de drogas. O sea, un presunto narcotraficante, cuya casa fue allanada esta semana por fiscales. El diputado, presumo, estará haciendo lo posible para solucionar la situación. Conociendo la corrupción local, puede que lo logre, pero no será tan sencillo si la DEA vigila.
Pineda tiene su propio problema arreglado, pues la Corte Suprema le salvó el pellejo cuando decidió –días atrás– que el Ministerio Público debía entregar más información para poder investigarlo. Cuando se pronunció sobre esa petición de los fiscales, los magistrados concluyeron que el Ministerio Público estaba en una expedición de pesca y no tenía pruebas idóneas en su contra. Sin esos privilegios, seguramente los fiscales habrían atrapado a un pez gordo, pero, como ya sabemos, en Panamá hay dos clases de gente: los políticos y sus allegados, y todos los demás. Y los demás no tenemos privilegio alguno.
Si los tuviéramos, los pacientes de cáncer tendrían medicinas en la Caja de Seguro Social, hoy totalmente desabastecida, gracias al inepto que la administra. Sobreviví a un cáncer y me duele que estos pacientes –y todos los que sufren la incompetencia de estos codiciosos– tengan que pasar por esta situación, que probablemente será responsable de algunas muertes, y nadie pagará por ello. No hay nada peor que un funcionario inútil, bueno solo para malgastar y/o robar, o protegido con licencia para delinquir, sin importar la procedencia de su fortuna: si es de las drogas, del dinero estatal mal habido o de ambos. Eso no importa; lo que importa es garantizarles plata e impunidad absoluta.
