El ex ministro de Educación Belgis Castro lo repitió una y otra vez: “No sabía. No sabía”.
Rodeado de periodistas, el militante perredista contestó así a la pregunta de si conocía que la medida cautelar con que había sido beneficiado, incluía la obligación de “mantenerse recluido en su casa o habitación”.
“No sabía”, insistió. Su abogado defensor dijo lo mismo.
Pero según el Oficio No. 1543 del 10 de octubre de 2009 –enviado por la Secretaria General de la Corte Suprema al director de Investigación Judicial, Javier Carrillo–, Castro conocía bien las condiciones en las que fue liberado (ver copia).
Tras permanecer 45 días detenido en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) por el supuesto delito de peculado, la Corte Suprema de Justicia emitió el oficio en donde informó al director de la DIJ, que la detención de Castro era legal, pero que se sustituía por varias medidas cautelares, entre las que estaba la casa por cárcel.
Además de la obligación de mantenerse en su residencia, se estableció que el ex ministro no podía dejar el territorio nacional sin autorización de una autoridad competente, debía presentarse los días 15 y 30 de cada mes ante la autoridad, y debía residir en la jurisdicción donde se le investiga.
Pero un día después de salir de la cárcel, Castro apareció en la sede del Partido Revolucionario Democrático, en Avenida México, en donde saludó, sonrió y compartió alegremente con sus copartidiarios.
Luego, ayer lunes se presentó en un noticiero matutino de televisión, en el que reiteró que desconocía las condiciones de las medidas cautelares y que, precisamente, iría a la Corte Suprema para notificarse.
Además, informó que tenía intenciones de solicitarle a la Corte que le permitiera trasladarse a Chiriquí, en donde tiene a su familia, su casa y su trabajo.
Pero la insistente manifestación de desconocimiento que arguyó Castro sobre su condición quedó sin sustento frente a la copia del oficio que lo dejó en libertad: allí aparece su firma y su huella dactilar, dándose por enterado de las condiciones impuestas por la Corte (ver copia). Sobre esta situación, la procuradora, Ana Matilde Gómez, señaló que el ex ministro de Educación había desafiado a la justicia.
“Lo interpreto como un desafío peligroso, porque cuando la justicia cree en una persona y le sustituye la medida más grave que es la detención preventiva por otra, la persona no deben desafiar a la autoridad”, agregó la Procuradora.
Hasta el presidente de la República, Ricardo Martinelli, declaró estar consternado por la ventolera legal que causó el ex ministro: “esos políticos que entran limpios y salen millonarios deben estar tras la rejas de La Joya o La Joyita”, remató, consciente de la pertinencia política de sus declaraciones.
(Con información de William Sala, José González Pinilla, Ana Teresa Benjamín y Kemy Loo Pinzón)