El presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley 318 del 23 de agosto de 2022, que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo, Promoción, Divulgación, Fortalecimiento de los Valores Familiares, Cívicos, Éticos y Morales, iniciativa impulsada por las diputadas Corina Cano y Marylín Vallarino.
Según la norma, publicada en la Gaceta Oficial No. 29605, la comisión elaborará un plan nacional, que “deberá incluir las políticas de divulgación” de distintos objetivos.
¿Qué es familia?
Plantea, por ejemplo, fortalecer la institución de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, fortalecer la relación de pareja hacia la consolidación de la familia y direccionar programas, acciones y proyectos del Estado y la sociedad, de acuerdo con las necesidades, dinámicas y estructuras de las familias, entre otros.
La ley sancionada define familia como “personas naturales unidas por el vínculo de parentesco, matrimonio, o unión de hecho”.
La diputada Cano, miembro de la bancada del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), ha impulsado desde su curul varios proyectos de ley que buscan legislar en materia familiar. Se ha descrito a sí misma como “defensora de la vida y la familia”.
Otro proyecto de ley de Cano que prosperó fue el que declaró junio como “Mes de la Familia” en Panamá.
Ambas, Cano y Vallarino, forman parte de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, Vallarino y Cano alegan que se deben “adoptar medidas urgentes ante la descomposición y ausencia de sólidos valores”.
Inicialmente, el proyecto buscaba crear un plan nacional para estos temas, pero al ser modificado abogó por la creación de una comisión para elaborar dicho plan.
La comisión, según la Ley 318, estará presidida por un representante del Ministerio de Desarrollo Social y contará con 16 participantes, entre ellos, funcionarios designados por el Ministerio de Educación, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo.
A su vez, por la sociedad civil participarán representantes de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, los clubes cívicos, el Comité Ecuménico, el Comité Interreligioso, la Alianza Evangélica de Panamá, el Consejo de Rectores de Panamá, el Consejo Nacional de Periodistas, la Asociación de Padres de Familia del Sector Público y Privado y el Magisterio Panameño Unidos.
La iniciativa fue presentada en enero pasado y aprobada en primer debate por la Comisión de la Mujer de la Asamblea el 29 de marzo.
La ley también plantea que la comisión deberá crear y coordinar la implementación del plan nacional y promoverá la inclusión de las materias de urbanidad, educación cívica y lecciones de gobierno en el currículo del sistema educativo. Asimismo, decreta que el Estado deberá dotar a las instituciones públicas de presupuesto para lograr estos objetivos.
