La Procuraduría General de la Administración tendrá un plazo de dos meses para investigar los hechos relacionados a la denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño, por presunta falta administrativa en el manejo de recursos del Estado, tras la divulgación en la televisora estatal de un mensaje político del vicepresidente José Gabriel Carrizo.
En una resolución con fecha del 27 de abril, la Procuraduría resolvió admitir de forma parcial la denuncia de Cedeño, la cual se refiere a la divulgación de un mensaje político que fue transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv).
En su denuncia, Cedeño argumenta que se utilizó la plataforma estatal de divulgación, es decir, recursos del Estado, para transmitir un mensaje en el contexto de las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La Procuraduría detalla que la denuncia “se refiere a situaciones presuntamente vinculadas a funcionarios de Sertv”.
En el mensaje, el cual tuvo una duración de 4 minutos y 13 segundos, Carrizo se dirigió a sus copartidarios y dio a entender que no aspiraría a un cargo en las elecciones internas que celebrará el PRD el próximo 15 de mayo. Su decisión, han dicho distintas fuentes perredistas, fue una sorpresa para otros candidatos y varios miembros del colectivo.
Durante el mensaje, Carrizo se refirió directamente al proceso interno de renovación de liderazgo político que atraviesa el partido político del cual es parte.
El mensaje
A pocos minutos del cierre de las postulaciones para altos cargos a lo interno del PRD, el vicepresidente José Gabriel Carrizo emitió el mensaje en cuestión. “Mis responsabilidades con el país y con todos los panameños, no pueden ser suplantadas. Están por encima de cualquier aspiración. Todo tiene su tiempo y su momento”. Elogió también a la membresía perredista y su participación electoral.
La denuncia de Cedeño se basa en el artículo 25 del Código de Ética de los Servidores Públicos, sobre el uso adecuado de bienes del Estado. “El servidor público debe proteger los bienes del Estado. Tampoco puede emplearlo o permitir que otros lo hagan para fines políticos o particulares, ni otros propósitos que no sean aquellos para las cuales hubieran sido específicamente destinados [...]”, señala la norma.
Cedeño pide esclarecer las razones por las cuales Sertv divulgó este mensaje y las motivaciones de la oficina de relaciones públicas de Presidencia de solicitar su transmisión.
En la decisión firmada por el procurador de la Administración, Rigoberto González, se asegura que se enviará copia de la denuncia y de la resolución al director general de Sertv, Eddie Araúz Caballero. La dirección del canal gubernamental tendrá cinco días para rendir “un informe explicativo sobre los hechos descritos”.
Cuando Araúz Caballero se enteró de la denuncia de Cedeño, dijo a La Prensa que Sertv “siempre ha sido la señal madre de los comunicados del país de las instituciones estatales”. Agregó que Carrizo se dirigió al país “en su calidad de vicepresidente y ministro de Estado” y que durante su intervención, “ratifica su condición de funcionario de Estado, desligándose de cualquier jornada partidaria”.
“Bajo ese criterio, fue transmitido [el mensaje] como un hecho de interés noticioso dentro del noticiero estelar por Sertv”, agregó.
Mientras se divulgaba el mensaje de Carrizo, en la sede del PRD en Avenida Perú se cerraba el periodo de postulaciones para las elecciones internas del 15 de mayo.
Este medio intentó contactar a la Presidencia para obtener una reacción por parte de Carrizo. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La denuncia de Cedeño fue admitida de forma parcial, porque otro de los argumentos aludía a una transgresión de normas contenidas en el Código Electoral. En la resolución, González considera que ese planteamiento “excede la competencia de la Procuraduría”, por lo que remitirá copia de la denuncia administrativa a la Fiscalía General Electoral, “para que proceda en conforme derecho”.
Carrizo y González se reunieron el pasado 28 de abril, pero para otro tema: definir el proceso para escoger al remplazo del magistrado José Ayú Prado y su suplente Asunción Alonso.
Dichas vacantes quedan a disposición a partir del 1 de enero de 2023. Ya el Consejo de Gabinete autorizó la convocatoria pública para llenar dichos cargos.
