Sorpresivas fueron las disculpas que ofreció el presidente de la República, José Raúl Mulino, por el tono con el que se ha expresado y su “forma de ser”. Por un instante, pareció que el gobierno intentaría calmar los ánimos, hoy visiblemente alterados en las calles.
Minutos después, seis de sus ministros confrontaron a quienes se oponen a decisiones que ha tomado el Ejecutivo.
La reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) con la ley 462, la firma del Memorándum de Entendimiento en materia de seguridad con los Estados Unidos de América (EUA) y la eventual operación estatal de la mina, son temas que han provocado la chispa de las manifestaciones lideradas por grupos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs); agrupación encarada de manera frontal por el propio presidente y por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.
El llamado a las calles ha trascendido a los trabajadores de la construcción, sumando a docentes, médicos, enfermeras e incluso a agrupaciones que representan a la sociedad civil organizada, como Sal de las Redes.
En medio del revuelo, la conferencia de prensa que realizaron los seis ministros este lunes 5 de mayo intentó dar respuestas desde lo que denominaron la “verdad” del Ejecutivo:
Respuestas sobre la CSS
Fue el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien dijo que era importante que el país conociera su verdad y la del Ejecutivo. “La ley 462 no afecta a ningún grupo de los que hoy están tratando de salir a mentirle a la población (...) Lo que se está tratando de hacer con la ley es oponerse por oponerse”, dijo durante su intervención.
A Suntracs se suma la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), que mantienen un paro indefinido de labores desde hace 14 días, exigiendo la derogación de la ley 462, al considerar que esta contempla pensiones bajas y obliga a los trabajadores a laborar más años.
Orillac señaló que no hay un aumento en la edad de jubilación, como diversos grupos han manifestado. Al tiempo que ponderó el proceso de diálogo que realizó el gobierno para consensuar la propuesta final de la hoy ley.
Respecto al paro de labores que mantiene Suntracs, la ministra Muñoz fue, una vez más, frontal.
“Suntracs se ha dedicado día con día a impedir que el progreso llegue al país”.
Al tiempo, advirtió que el gremio debe “poner sus barbas en remojo”, enfatizando que han paralizado obras públicas que afectan directamente a la ciudadanía.
El Memorándum
La defensa del Memorándum de Entendimiento en materia de seguridad fue igual de férrea que en la Asamblea, cuando el canciller Javier Martínez-Acha compareció ante los diputados para explicar su accionar en política exterior.
Esta vez, incluso señaló que los críticos al documento responden a agendas políticas, mienten o buscan generar inestabilidad en el país.
“Este memorándum permite a Panamá terminarlo en cualquier momento con solo notificarlo seis meses antes, no implica cesión de territorio ni control a una potencia extranjera como algunos desean afirmar (...). Colaborar con Estados Unidos nos ayuda a mejorar en seguridad sin afectar nuestra soberanía y leyes”, dijo Martínez-Acha en defensa del documento.
El texto ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y se ha convertido en otro de los detonantes de las protestas.
Por la firma de este y otros documentos con el gobierno estadounidense, ya se han presentado al menos dos denuncias penales: una contra el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y otra contra el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.
Ábrego, quien firmó el Memorándum con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, se remitió a las declaraciones del canciller.
“Panamá no ha cedido ni base ni sitios de defensa permanentes a ninguna nación en nuestro territorio. Hemos realizado un memorándum de entendimiento acerca de entrenamientos conjuntos, que no es nada nuevo”, dijo el jefe de la cartera de Seguridad.
Ambos ministros cerraron filas en la defensa del documento, a pesar del descontento popular existente y de las advertencias de expertos en relaciones internacionales.
Precisamente por considerar lesivo el documento, un grupo de políticos, abogados y ciudadanos particulares firmaron una declaración en defensa de la soberanía hace algunos días.
La mina
El tono y la dirección del discurso en defensa de “la verdad” del Ejecutivo no bajó de intensidad con el tema de la mina.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que “la mina es de los panameños y permanece cerrada”. Una línea que se ajusta a la mención del propio presidente Mulino, quien adelantó que buscaría el control estatal para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada por First Quantum Minerals,
Para el gobierno, retomar el tema de la mina, que provocó masivas manifestaciones a finales de 2023, ha estado condicionado a la suspensión de arbitrajes internacionales que la empresa FQM inició contra el Estado panameño.
A pesar de que ya se anunció dicha suspensión por parte de la empresa, Moltó aseguró que “nadie se ha reunido”, pero que analizan todas las opciones legales en este tema.
El ministro también fue frontal al señalar que con este tema se está intentando “engañar a la población”.
Diversos grupos, como el capítulo panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), han estado esperando el inicio del proceso de auditoría imparcial en la mina de cobre, sin que hasta ahora se haya anunciado el contratista que la ejecutará.
A los manifestantes
La narrativa de la conferencia evidenció un choque entre lo que el gobierno define como su verdad y lo que cataloga como mentiras o llamados al engaño por parte de quienes se manifiestan. Esta dicotomía, sumada a las disculpas del presidente Mulino, ocurre en medio de un panorama social y político convulso que continúa desarrollándose.
La mañana de este 6 de mayo, una multitudinaria manifestación en defensa de la soberanía y la autonomía, se llevó a cabo por parte de la Universidad de Panamá, luego de que el presidente Mulino se refiriera a esta casa de estudios como una “guarida de terroristas”.
“El gobierno nacional garantiza el derecho a la protesta siempre y cuando se hagan de formas pacíficas a través de marchas y piqueteos que son resguardados por la fuerza pública por seguridad”, señaló Ábrego.
También advirtió que donde se han cerrado calles, los estamentos de seguridad toman “el uso de la fuerza necesaria para el despeje de las vías”.
