La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional decidió este miércoles 30 de agosto de 2023 crear una subcomisión para el análisis del Proyecto de Ley 371, que modifica disposiciones de la Ley 21 de 1997, que aprueba el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal.
Dicha comisión retomó la discusión de esta iniciativa, la cual fue presentada en 2020 por el diputado de Molirena, Tito Rodríguez.
La propuesta autoriza la creación de un área de “tratamiento especial” sobrepuesto dentro una “franja de hasta 100 metros de ancho contados a partir de la línea de propiedad en el lado frontal a la vía Transístmica”, sobre la cual sus actuales propietarios u ocupantes legalmente reconocidos podrán tener la posibilidad de emprender actividades turísticas, comerciales y de generación de empleos.
En agosto de 2020, el Ministerio de Ambiente envió una nota a la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional señalando que la propuesta “incumple” mandatos constitucionales, ya que desconoce la competencia privativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre los recursos hídricos de la cuenca del Canal y además desconoce la coordinación que debe existir entre la ACP y otras instituciones, para ese tipo de temas.
También fue nombrada una subcomisión para el análisis del Proyecto de Ley 371, que modifica disposiciones de la Ley 21 de 1997, que aprueba el plan regional para el desarrollo de la región interocéanica y el plan general de uso conservación y desarrollo del área del canal. pic.twitter.com/1EtHTnxZ2D
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 30, 2023
Igualmente se indica que este tipo de propuestas de ley solo pueden ser presentadas por el Órgano Ejecutivo, y no por diputados como fue este caso.
También organizaciones como el Centro de Incidencia Ambiental plantearon que proyecto de ley es un ataque directo a la Ley 21 de 1997 y a la Constitución Política de nuestro país, porque busca reabrir una metodología ya antes empleada para debilitar la protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y que la Corte Suprema de Justicia en 2015 concluyó era inconstitucional.
Para Xochilth Troncoso, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, hay que rechazar ese proyecto de ley porque no tiene asidero, y en su momento la Corte declaró inconstitucional una propuesta parecida.
“No vemos porqué volver a traer la misma situación. Nosotros como miembros de la Red estamos pidiendo participar en la subcomisión”, puntualizó.
