Es el domingo 9 de enero de 2011. Son pasadas las 12:00 de mediodía. El subcomisionado Luis Ortega –jefe de la Zona Metropolitana este de la Policía Nacional (PN)– disfruta de su día de descanso. Se dirige a la iglesia con su familia, como acostumbra los domingos.
Está por ingresar al culto. De repente, suena el blackberry que la institución le tiene asignado. Es el cabo primero Víctor Jaramillo, del Centro de Comunicaciones de Don Bosco, para informarle de un supuesto “intento masivo de fuga” en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. El reloj marca las 12:31 p.m.
37 minutos antes, seis menores de la celda 9 salen al pasillo luego que un compañero (asignado ese día a la limpieza) rompe el candado de seguridad.
Todo estaba planificado. La presencia de los medios televisivos no es fortuita. Los chicos avisaron que protestarían por problemas con el agua y la comida.
Nada los detuvo. Ni siquiera la detonación de una escopeta –con balas de goma– de un custodio amedrentó a los seis sublevados, que continuaron rompiendo los candados de las celdas 2, 3, 4 y 8.
La protesta original se había convertido en una abierta rebelión. Los custodios disparan ahora perdigones y varios menores resultan heridos; uno en el rostro.
Presintiendo que algo grave podría ocurrir, el subcomisionado Ortega cambia de planes: deja el culto religioso y acude al llamado. “Es un mandato legal”, comentó en alusión a su responsabilidad como jefe del área este.
Antes, pide a un policía de la estación de Don Bosco que retire de su oficina una “vestimenta indicada” (un suéter color azul, con el logotipo de la PN y su apellido).
