El sector pesquero nacional de Panamá se encuentra en estado de alerta debido a las sanciones impuestas por la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), que, según denuncian, ejerce un control más riguroso sobre las embarcaciones nacionales que sobre aquellas con bandera panameña que faenan en aguas internacionales.
Yarelis Martínez, asesora del Consejo Nacional del Sector Pesquero —que agrupa a embarcaciones artesanales y semiindustriales que pescan en aguas nacionales— señala que, solo entre agosto y septiembre, más de 20 barcos nacionales recibieron multas que superan los $300 mil, lo que ha generado preocupación y denuncias de trato desigual.
En cambio, Martínez se refirió a algunos casos de embarcaciones con bandera panameña que pescan en aguas internacionales, y que fueron exentas de sanciones por parte de la ARAP. Por ejemplo, mencionó el caso del buque Cayo Noronky, sancionado en noviembre de 2024 con $1 millón, pero cuya sanción fue reconsiderada en febrero de 2025 a $300 mil.
También está el caso del buque La Peña, sancionado en diciembre de 2024 con $400 mil, pero cuya sanción fue dejada sin efecto en enero de 2025. Lo mismo ocurrió en marzo de este año, cuando se ordenó una investigación administrativa contra el buque Frío Star por presunta “acción grave”, pero en agosto fue desestimada.
Según Martínez, el principal problema radica en la acción de vigilancia y control que realiza la ARAP, la cual, afirma, se lleva a cabo “sin fundamento legal y sin conocimiento de causa”. Señaló que los procesos se aplican tanto a barcos de servicio interior, que operan en aguas nacionales, como a los de servicio exterior, aunque con diferencias en la aplicación de sanciones.
El sector nacional de pesca percibe que estas irregularidades generan un trato desigual y una sensación de persecución. “A los barcos nacionales se les están imponiendo sanciones por encima de lo que establece la ley”, denunció Martínez.
El Consejo Nacional del Sector Pesquero, representado por Martínez, asegura que seguirá defendiendo a sus afiliados y buscando transparencia en los procesos administrativos. “Esto es para los pescadores artesanales y semiindustriales en Panamá. Nosotros, como sector pesquero nacional, vamos a velar por que se cumpla la ley y se respete a quienes cumplen con sus obligaciones”, concluyó.
ARAP responde
Sobre este tema, la ARAP respondió a este medio que, en todos los casos, tanto para la flota nacional como para los buques de servicio internacional, el procedimiento administrativo sancionador sigue las mismas etapas: apertura de expediente, descargos, resolución y, en su caso, recursos de reconsideración o apelación.
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— ARAP (@ARAP_Panama) October 3, 2025
“Si alguna sanción ha sido reducida o modificada, ello ha obedecido únicamente a los elementos probatorios recabados en el expediente, nunca a decisiones arbitrarias”, indicaron en la entidad.
Además, señalaron que la actual administración ha concentrado sus esfuerzos en aplicar la Ley 204 de 2021, su reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo 13 de 2023 y la normativa secundaria para fortalecer el control de toda la flota pesquera.
Entre las medidas implementadas y en proceso destacan programas de observadores humanos y electrónicos, el reforzamiento del Centro de Control y Seguimiento Pesquero, el fortalecimiento de la Comisión de Multas, la creación de una plataforma digital de trazabilidad, la presencia permanente en puertos con unidades modulares, la contratación de inspectores adicionales y la incorporación de nuevas patrulleras. Estas acciones buscan garantizar un control efectivo de la flota, trazabilidad completa y sanciones proporcionales, abordando integralmente los cinco ejes evaluados por la Comisión Europea.
Tarjeta amarilla
Panamá mantiene desde 2019 una “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea debido a deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La advertencia, que aún sigue vigente, señala fallas en el control de la flota, la trazabilidad de las capturas y la aplicación de sanciones efectivas. Aunque el país ha avanzado en la implementación de medidas correctivas —como reforzar la vigilancia satelital y fortalecer el régimen sancionador—, las autoridades europeas mantienen la evaluación abierta. Se prevé que una nueva auditoría de la Comisión Europea en 2026 determine si Panamá logra finalmente salir de la lista de advertencia.
Además, la Unión Europea ha señalado una actitud “indulgente frente a las infracciones”, lo que debilita la capacidad del país para garantizar el cumplimiento de sus propias normas y compromisos internacionales en materia de pesca sostenible.
