El pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche en segundo debate el proyecto de ley 377 que establece un régimen de protección legal a quienes sirven, auxilian y atiendan emergencias y urgencias, denominado “Ley del Buen Samaritano”.
Son exceptúa de responsabilidad civil o penal por los daños y perjuicios que pudieran sobrevenir a la persona que hubieran asistido, socorrido o auxiliado; a las personas autorizadas conforme a sus leyes especiales para ejercer la profesiones.
Estos incluyen los doctores en medicina, enfermería, técnicos de enfermería, licenciados y técnicos en urgencias médicas, miembros de la Cruz Roja y voluntarios de organismos no gubernamentales de apoyo humanitario; siempre que cuenten con certificación en primeros auxilios básicos o avanzados y presten primeros auxilios o asistencia de emergencia, fuera de su empleo o labores regulares de manera voluntaria o gratuita o a quien lo requiera.
Tampoco serán responsables penal o civilmente los miembros Fuerza Pública, como la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Sistema de Protección Institucional, el personal técnico que custodia el Sistema Penitenciario e inspectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre; considerados primeros respondientes en casos de emergencias; siempre que hayan aprobado el curso de primer respondiente.
De igual manera se exceptúan de responsabilidad civil o penal a toda persona que cuente con certificación en primeros auxilios básicos o avanzados y preste primeros auxilios o asistencia de emergencia o urgencia a quien lo requiera.
El documento establece la creación del Curso de Primer Respondiente que deben aprobar obligatoriamente los miembros de la Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Protección Institucional, el personal técnico que custodia el sistema penitenciario e inspectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y cualquiera que en el futuro sea creado.
En el debate participó el Ricardo Hughes, jefe del Departamento de Salud en Situación de Contingencia, del Ministerio de Salud, quien manifestó que el proyecto le da las herramientas al ciudadano que optaban por no brindar la ayuda ante alguna emergencia por el temor de ser demandados.
“Con este proyecto nuestros vecinos y amigos no deberán sentir temor alguno de poder ayudar ante cualquier urgencia o por alguna situación que afronte cualquier ciudadano”, precisó.
Explicó que el tiempo para salvar la vida de una persona se base en diez minutos. “Cada minutos que pasa es tiempo que se pierde para salvar la vida de una persona. Con este proyecto aumentamos las probabilidades de que nuestras familias o cualquier ciudadano puedan ser salvados”.
