La reconstrucción de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre volvió a poner frente a frente al Gobierno y a las autoridades locales.
En una reunión con alcaldes de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, los representantes del Ejecutivo presentaron un balance actualizado de los daños y discutieron cómo atender a las familias que perdieron sus viviendas y reparar las instalaciones públicas afectadas.
Al momento del encuentro, el registro oficial contabilizaba cerca de 14,000 viviendas afectadas, 834 centros educativos y más de 120 instalaciones de salud.
José Ramón Icaza, secretario de Metas, explicó que el levantamiento de información permitirá determinar qué estructuras requieren reparaciones y cuáles tendrán que ser demolidas y reconstruidas.
El inventario también incluye 46 iglesias, monumentos y bibliotecas que forman parte del patrimonio cultural, además de carreteras y puentes afectados. “No todas las viviendas tienen que ser reconstruidas”, precisó Icaza, al señalar que algunas podrán recuperarse mediante reparaciones de sus elementos estructurales.
La dimensión de los daños
La magnitud de los daños todavía no se traduce en un presupuesto definitivo ni en un calendario completo de reconstrucción. El Gobierno aprobó inicialmente $100 millones para atender la emergencia, mientras las instituciones avanzan con las evaluaciones técnicas y el cálculo de los costos de reparación y construcción. Icaza advirtió que algunas obras tomarán más tiempo.
Entre ellas mencionó la reconstrucción del hospital de Tonosí y de tramos viales como la carretera entre Tonosí y Búcaro, así como sectores de la vía que conecta Quebro, Mariato y Torio.
Para Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes, uno de los resultados más importantes del encuentro fue contar con cifras más claras y establecer un mecanismo de coordinación entre el Gobierno central y los municipios.
“Lo que se busca es tener una coordinación efectiva, una coordinación más directa con las autoridades locales”, afirmó. Según explicó, las alcaldías y los ciudadanos participaron desde los primeros días en la atención de las comunidades, pero ahora es necesario articular esos esfuerzos con las instituciones responsables de evaluar los daños.
Las viviendas
La evaluación de las viviendas es uno de los puntos en los que esa coordinación resulta más urgente. Icaza reconoció que los alcaldes han realizado inspecciones con personal técnico y voluntarios. También aseguró que los informes elaborados por profesionales idóneos, como ingenieros civiles y arquitectos, podrán utilizarse en el proceso oficial.
El objetivo es determinar cuáles casas pueden repararse y cuáles deben demolerse y reconstruirse. El secretario de Metas informó que había 60 viviendas en construcción y que el Gobierno esperaba aumentar esa cifra a medida que avanzaran las evaluaciones.
Mientras tanto, miles de personas continúan a la espera de una solución habitacional. Al corte del 25 de octubre, el Gobierno contabilizaba 156 albergues oficiales y más de 5,600 personas alojadas en ellos.
Icaza aseguró que se han distribuido alimentos, agua, medicamentos y artículos de primera necesidad. También indicó que se han instalado baños portátiles y mejorado las estructuras temporales.
Batista, por su parte, advirtió que las lluvias han deteriorado las toldas y que las familias no pueden permanecer indefinidamente en esas condiciones. También señaló que muchas personas se resisten a alejarse de sus viviendas, por lo que considera necesario aclarar qué alternativas tendrán mientras se reparan o reconstruyen sus hogares.
Más allá de la vivienda social
Las demandas de los alcaldes no se limitan a las familias que recibirán una vivienda de interés social. Batista planteó que el Gobierno estudie mecanismos de apoyo para quienes tenían casas más amplias, construidas con años de trabajo, y que ahora enfrentan daños que superan su capacidad económica.
Entre las propuestas mencionó alternativas para las personas que mantienen hipotecas y la posibilidad de otorgar préstamos blandos que les permitan recuperar sus propiedades. “A estas personas también hay que ayudarlas”, sostuvo.
Otro frente es la capacidad financiera de los municipios para responder a la emergencia y mantener sus operaciones. Batista recordó que 64 de los 81 municipios del país reciben subsidios y que muchas alcaldías de las provincias afectadas dependen de los recursos que transfiere el Gobierno central.
El Gobierno reportó cerca de 14,000 viviendas afectadas, 834 centros educativos y más de 120 instalaciones de salud.
Los alcaldes pidieron mejorar la coordinación institucional para agilizar las evaluaciones y atender a las familias damnificadas.
La Asociación de Alcaldes propuso préstamos blandos para familias cuyas viviendas no califican para soluciones de interés social.
Los municipios solicitaron más recursos estatales y una revisión de los subsidios para afrontar los daños y reactivar la economía regional.
A esa dependencia se suma la caída de los ingresos provenientes de los impuestos municipales. Durante la reunión surgió la propuesta de utilizar fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para cubrir gastos operativos. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Alcaldes defendió que esos recursos se mantengan destinados a proyectos de desarrollo local definidos mediante consultas ciudadanas.
En su lugar, Batista pidió aumentar los aportes estatales y revisar los subsidios municipales, algunos de los cuales llevan años sin actualizarse. Como ejemplo, mencionó los $110,000 que reciben alcaldes y representantes a través del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS), una asignación que, según dijo, se mantiene desde 2007. “No puedes hacer lo mismo que hacían en el 2007, ahora en el 2026”, afirmó.
Las provincias afectadas ya enfrentaban dificultades económicas antes del sismo, señaló Batista. Según su diagnóstico, la región registra altos niveles de desempleo y el 80% de la población tenía ingresos familiares inferiores a $800. La respuesta, sostuvo, requiere una inyección económica y proyectos capaces de generar actividad y empleo.
