Turner dice que se ha ‘distorsionado la información’ sobre las compras en la pandemia

Turner dice que se ha ‘distorsionado la información’ sobre las compras en la pandemia

“En materia de transparencia, es lamentable que la información se distorsione o porque la información no está en el momento que algún grupo prefiere tenerla, pero que no va con lo que la ley establece”, dijo la ministra de Salud, Rosario Turner, sobre las compras y contrataciones efectuadas durante la pandemia.

“La Ley 22 establece claramente que los informes después de una emergencia sanitaria tienen que estar 5 días después del cierre del evento de salud pública. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo con la ley”, dijo la ministra en un acto en el Hospital Santo Tomás, este viernes 22 de mayo.

No precisó quiénes serían los “grupos” responsables de “distorsionar” la información.

La Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, señala en su artículo 79 que durante el estado de emergencia, los detalles de las contrataciones efectuadas serán informados al Consejo de Gabinete 5 días después de concluida la emergencia, y posteriormente sería del conocimiento público.

En este artículo, el Gobierno ha fundamento su decisión de manejar las compras y contrataciones durante la pandemia del coronavirus con amplia discrecionalidad. La acción ha sido bastante cuestionada, razón por la cual el Minsa anunció la noche del jueves que ha conformado una comisión para evaluar “los trámites de adquisición para Covid-19 a través de procedimiento especial”, entre marzo, abril y mayo.

Este viernes, Turner se refirió al trabajo de dicha comisión, cuyos integrantes todavía no se han divulgado.

“La comisión va a evaluar no solamente el precio. Va a evaluar otro elemento que es fundamental, es cumplir con la ficha técnica, tener oferentes dentro del Ministerio de Salud, pero también hay otra perspectiva que es muy importante: si la necesidad es de este momento, son las mismas necesidades que había cuándo se iniciaron las compras. Entonces la decisión va a ser una decisión muy técnica”, dijo la ministra.

Agregó que “en los próximos días" divulgará las compras efectuadas por el Minsa, “tanto enero como febrero, y algunas en marzo”. La declaratoria de emergencia nacional, que justifica las compras bajo el régimen contemplado en el artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas, ocurrió el 13 de marzo de 2020.

Se supone que el Minsa no ha “efectuado” compras para la Covid-19, ya que para esta tarea se comisionó originalmente al Ministerio de la Presidencia. De hecho, cuando la Presidencia comunicó hace dos semanas que la tarea ahora la llevaría a cabo el Minsa, ya se habían gestionado -según “certificación” de la Contraloría- desembolsos por $184.4 millones de la partida de $191.7 millones asignadas para atender la crisis.

Para agregar más contradicciones, este jueves, la Secretaría de Comunicación Estratégica del Estado informó en un aviso pagado con fondos públicos que “la Contraloría General de la República determinó que el Ejecutivo no ha gastado un solo balboa para comprar equipo médico del presupuesto del Covid-19”.

Con la publicación de dicho aviso, la Secretaría de Comunicación Estratégica del Estado pretendía acallar una nota titulada “Gobierno compró equipos fabricados hace cinco años”, de la periodista Mary Triny Zea, publicada el día antes en el diario La Prensa, que reveló que la empresa a la que el Ministerio de la Presidencia le ha comprado la mayor cantidad de ventiladores destinados a hospitales del Estado para enfrentar la pandemia se dedicaba –hasta julio de 2019– a la venta de partes de autos.

Luego del anuncio, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Información y de Expresión le pidieron al Ejecutivo que “rectificara el tono” y muestren un verdadero compromiso con la libre prensa.

Aunque el Ejecutivo ha fundamento su decisión de limitar la información pública en la Ley 22 de 2006, el artículo 10 de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia) obliga a que el Estado informe sobre las contrataciones públicas en un sentido amplio.

Esto lo recoge la Constitución Política en su artículo 43 y lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Claude Reyes vs. Chile, en una sentencia de septiembre de 2006, en la que afirmó que la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 13, obliga a los Estados a dar acceso público a la información en su poder.

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