El Gobierno informó que, un mes después del terremoto del pasado 9 de octubre, tiene unas 200 viviendas en proceso de demolición, construcción y reconstrucción en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.
De ese grupo, entre 20 y 25 ya están terminadas y sus propietarios han comenzado a ingresar de manera controlada, mientras se resuelven las conexiones de servicios básicos, como agua potable y electricidad. Así lo informó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, este domingo 8 de noviembre, al hacer un balance del primer mes de trabajos en las comunidades afectadas.
Uno de los últimos balances del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) contabilizó 19,865 viviendas evaluadas en las provincias afectadas. De ese total, 4,633 presentan daños totales, 11,107 tienen afectaciones moderadas o parciales y otras 4,125 registran daños menores. En conjunto, 15,740 viviendas requieren algún tipo de intervención.
La cifra de viviendas terminadas todavía es reducida frente al compromiso anunciado por el presidente José Raúl Mulino de entregar 2,700 soluciones habitacionales. Jované explicó que otras 1,300 a 1,400 viviendas cuentan con asignación formal para su construcción, es decir, que fueron adjudicadas a contratistas. El ministerio trabaja, además, en la incorporación de nuevas empresas para ampliar la capacidad de ejecución.
La estrategia consiste en distribuir los trabajos entre distintas compañías, con contratos de aproximadamente 50 viviendas por empresa, para abrir varios frentes de construcción en las comunidades.
La meta es marzo
El calendario que maneja el Gobierno apunta a marzo de 2027. Para cumplirlo, el Ministerio de Vivienda tendría que entregar alrededor de 75 soluciones habitacionales por semana, un ritmo que el propio ministro calificó como exigente.
“Es un ritmo fuerte, pesado”, reconoció Jované. Como parte de esa estrategia, indicó que 71 empresas están en proceso de formalización de sus contratos y que estos pasarán a revisión y refrendo de la Contraloría durante la próxima semana.
El ministro atribuyó parte de la demora en las contrataciones al cumplimiento de los requisitos legales, particularmente las fianzas de cumplimiento y la selección de empresas con experiencia en construcción.
“Nosotros, como Gobierno, vamos a honrar la responsabilidad del Estado”
La distribución de los contratos también responde a un criterio territorial: cada compañía tendrá asignada una comunidad y deberá permanecer allí hasta completar la totalidad de las viviendas que le correspondan. “La intención es que la empresa no salga de la comunidad hasta que no termine el 100% de la asignación”, explicó.
Trabajadores locales
El plan de reconstrucción contempla, además, que las empresas contraten trabajadores de las propias comunidades y adquieran en la zona los materiales y servicios necesarios. Esto incluye personal para operar maquinaria pesada y retroexcavadoras, así como la compra de combustible y la contratación de operadores de equipos.
Según el ministro, el esquema busca que la reconstrucción no se limite a levantar viviendas, sino que también genere ingresos para las familias de las localidades golpeadas por el terremoto.
Sin embargo, mientras avanzan las contrataciones, persiste la incertidumbre entre las familias cuyas casas fueron declaradas inhabitables y recibieron el sello rojo. En comunidades como Hicaco, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, y en localidades de Los Santos, algunos afectados aseguran que, después de la inspección y la colocación del aviso, no han recibido información sobre cuándo comenzarán los trabajos.
Ante estos reclamos, Jované señaló que los afectados pueden consultar el estado de sus reportes mediante la plataforma digital del Ministerio de Vivienda, en el sitio mibio.go.pa. Explicó que cada caso tendrá un registro individual asociado al número de cédula del propietario, el nombre de la familia y la ubicación geográfica de la vivienda.
El sistema permitirá conocer cuándo se presentó el reporte, cuándo fue verificado y en qué etapa se encuentra el proceso de atención. El ministro aseguró que el propósito es garantizar la trazabilidad de las intervenciones y la transparencia en la asignación de las soluciones habitacionales.
Reparaciones y reconstrucción
El funcionario también aclaró que no todas las viviendas afectadas necesariamente serán demolidas y reconstruidas. El ministerio realiza evaluaciones para determinar cuáles pueden ser reparadas y cuáles requieren una intervención completa.
Jované explicó que actualmente se elaboran los presupuestos de las reparaciones, una etapa que permitirá definir el alcance de los trabajos en cada inmueble. Esta evaluación determinará cuántas familias recibirán una vivienda nueva y cuántas podrán regresar a sus casas mediante reparaciones.
“Esta es una responsabilidad del Estado. Nosotros, como Gobierno, vamos a honrar la responsabilidad del Estado”, manifestó el ministro al referirse a la atención de las familias afectadas por el terremoto.
Otras propuestas de vivienda
Mientras las familias de Azuero esperan recuperar un techo, también han surgido propuestas de reconstrucción desde otros sectores. La arquitecta Ana Victoria Ottenwalder, de Sensata Studio, plantea la construcción de viviendas rurales permanentes de dos habitaciones, con materiales locales y un costo estimado de $22,000 por unidad.
El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, propone otra alternativa: contenedores acondicionados como viviendas temporales, con baño, agua, electricidad y aire acondicionado, a un precio aproximado de $8,000 por unidad.
A estas iniciativas se suma el Club Activo 20-30, que recaudó fondos mediante una teletón para construir viviendas de 43 metros cuadrados, valoradas en $19,000 cada una. La propuesta prioriza a familias en las que vive una persona con discapacidad.
Por su parte, las viviendas que construye el Gobierno tienen un costo promedio de entre $25,000 y $28,000.
