A recomendación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en el año 1993 el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa para destacar la situación de periodistas y medios de comunicación en todo el orbe.
En Panamá, la situación de la libertad de prensa no es causa de celebración por la permanente amenaza contra periodistas y medios independientes que, a su vez, se enfrentan con prácticas y políticas de información por parte del Estado que propicia la opacidad sobre el uso de los fondos públicos y alimentan la impunidad de los actos de corrupción de gran escala.
Leyes contra la libertad
Aunque formalmente en Panamá no existen normas jurídicas de censura periodística, en la última década las normas penales sobre calumnia e injuria fueron utilizadas para querellar a decenas de periodistas, editores, directivos y a varios medios de comunicación por su cobertura de casos de corrupción de alto perfil.
El sistema procesal civil panameño permite el secuestro civil como medida cautelar antes de la interposición de una demanda e, incluso, sin audiencia de la parte afectada.
Igualmente, no se regula el tope de las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios “morales”, y el riesgo de una condena millonaria convierte a la justicia panameña en posible verdugo de la libertad de expresión.
Los medios audiovisuales de televisión y radio cuentan con una excepción a la regla del secuestro civil, lo que les garantiza una mejor situación que la de sus pares impresos y digitales.
Una tendencia más reciente ha sido la utilización de normas de derecho de familia, protección de la víctima o salvaguardas contra la violencia de género para procurar la paralización de actividades periodísticas e incluso como fundamento de denuncias por supuestos delitos contra comunicadores sociales.
La opacidad reina en el gasto público
Durante el inicio de la pandemia de la Covid-19, la reacción del gobierno del presidente Laurentino Cortizo fue disminuir el acceso a la información pública. Por ejemplo, cuando fue declarado bajo reserva de confidencialidad el conjunto de actas del Consejo de Gabinete.
Paralelamente, se había prometido una rendición de cuentas detallada del gasto público durante la pandemia y esto no ha ocurrido hasta la fecha.
Por su parte, la Asamblea Nacional dilató la entrega de información sobre sus planillas y contratos, a pesar de solicitudes de información y habeas data sobre el tema.
A su vez, la Contraloría General de la República, bajo el mando de Gerardo Solís, también mantuvo su propio espacio de opacidad en las contrataciones internas sobre diversos temas.
Importantes cuestionamientos de la opinión pública sobre la compra de ventiladores con su supuesto sobreprecio; la adquisición de un hospital modular bajo condiciones muy particulares; y el viaje de una delegación de funcionarios y directivos de la Caja de Seguro Social a México para conocer la operación de un sistema de manejo de inventarios, representan algunos de los temas más álgidos que quedaron sin una respuesta apropiada y que confirman la cultura de opacidad en la administración pública.
El litigio estratégico para censurar
En los últimos años no han sido solo los políticos y vinculados a posibles casos de corrupción los que han utilizado leyes obtusas y el bizantino sistema judicial para intentar acallar al periodismo y los medios de comunicación independientes.
Otros actores han usado estas mismas herramientas para silenciar a periodistas y activistas de la sociedad civil por sus expresiones críticas contra el poder. Así, tenemos que la periodista Lineth Lynch fue condenada a pagar $2 millones en un proceso de reclamación de daños civiles de una ex funcionaria judicial, a pesar de que Lynch cumplió con todos los cánones y protocolos del periodismo responsable.
Por su parte, el abogado y activista Moisés Bartlett tiene que enfrentar el secuestro de sus bienes, cuentas y su firma de abogados por cuestionar las actuaciones del Estado y de intereses privados en materia de una concesión para la generación de electricidad en base a gas licuado de petróleo.
El activista comunitario Max Crow enfrentó un secuestro de sus bienes al actuar como representante de los residentes de Albrook para oponerse a una actividad comercial en una zona residencial que violaba la zonificación establecida para dicha área.
La activista ambiental Larissa Duarte, residente cercana del río Cobre en Veraguas, fue demandada por $10 millones por una empresa hidroeléctrica que no pudo desarrollar su proyecto en dicho río.
La periodista Ligia Arreaga, de la radio darienita Voz sin Fronteras, muy conocida por sus denuncias de tala ilegal y el drenado irregular de la Laguna Matusagaratí, se vio obligada a ausentarse del país debido a que algunas de las personas que se sintieron afectadas por estas denuncias interpusieron querellas por calumnia e injuria en su contra.
Además de estos casos, hay que registrar la amenaza de muerte a la periodista Flor Mizrachi por su reportaje sobre la vacunación clandestina en Coco del Mar.
Nubarrones legislativos
A pesar de que Panamá cuenta con la Ley 26 del 29 de junio de 2005, que sirve como el marco jurídico del derecho a réplica, la diputada Zulay Rodríguez presentó el proyecto de ley 242, que busca reducir el período que tienen los medios de comunicación para publicar las réplicas y aumenta las sanciones por el incumplimiento de esta obligación.
El mencionado proyecto de ley desconoce la realidad de los medios de comunicación y sus procesos internos en la revisión necesaria de todos los remitidos y la obligación de que cualquier parte afectada por una réplica pueda responder.
El riesgo del proyecto 242 es que sirva de vehículo para que otras temáticas de la libertad de expresión sean sesgadas en el seno de la Asamblea Nacional, como ya con anterioridad otros diputados manifestaron su intención de modificar la ley de transparencia y acceso a la información.
Los diputados Zulay Rodríguez y Benicio Robinson, ambos del partido gobernante, mantienen acciones judiciales contra periodistas y medios que han expuesto a la luz pública temas que los involucran y que en lugar de efectuar todas las aclaraciones a la opinión pública y a su electorado, han tomado la vía judicial.
Un país se define por sus libertades
Panamá está entrando en la fase inicial del proceso electoral del año 2024. A su vez, importantes casos de corrupción se ventilan en el Órgano Judicial, así como en fiscalías y tribunales de otros países. El factor que tienen en común estos eventos es la sensibilidad de sus protagonistas al ejercicio de un periodismo libre e independiente.
Lamentablemente, es de esperar que a medida que avancen las etapas del proceso electoral y los trámites de los casos de corrupción se intensifiquen, también se intensificará la presión sobre periodistas, medios de comunicación, activistas comunitarios y defensores de derechos humanos.
Si la prensa libre claudica o si los periodistas se autocensuran por el miedo a las represalias, Panamá estará condenada a una era de oscurantismo, opacidad y, sobre todo, censura y manipulación de la información.
