Una misiva de una sola página, remitida a la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral, el pasado martes 10 de octubre, le dio un giro a la estrategia de la candidatura vicepresidencial del partido Realizando Metas. La carta notariada con la firma de la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, implica el reconocimiento de que la nómina de los cónyuges para ocupar los máximos cargos del Estado panameño no era viable.
La postulación de la esposa del expresidente Ricardo Martinelli tuvo lugar el pasado 24 de septiembre, y desde que se hizo pública fue sumamente controvertida por la posibilidad de establecer en Panamá una dinastía familiar, y el abierto conflicto que dicha postulación tenía con la Constitución Política.
De acuerdo con la exprocuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, el argumento constitucional sobre la nominación de cónyuges a presidente y vicepresidente de la República, presenta una controversia jurídica de la cual “No hay un solo precedente de esta naturaleza ante la Corte Suprema de Justicia que nos hiciera pensar que fallarían oportunamente o con el sentido de urgencia que las circunstancias que rodean el caso, lo ameritan”.
Las razones
En su nota del pasado martes, la empresaria Marta Linares de Martinelli afirmó que: “Lamentamos que sean 3 magistrados del Tribunal Electoral y 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que pretendan decidir el futuro de 4 millones de panameños”. Estas líneas evidencian el argumento de fondo de la renuncia. Si esa candidatura era impugnada ante el Pleno del Tribunal Electoral o era demandada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, existía una alta probabilidad de que fuera anulada.
Al respecto el abogado Eduardo Quirós considera que: “Una lectura correcta del numeral 5 del artículo 193 de la Constitución, a la luz del fallo de la Corte de 2015, deja claro que el cónyuge del candidato a presidente no puede ser su candidato a vicepresidente. Por lo tanto, una impugnación o una demanda de Inconstitucionalidad la habrían declarado inelegible. Si esa declaratoria se hacía después del 31 de octubre, ni siquiera podrían reemplazarla”.
Este escenario constitucional se intercalaría con otro de naturaleza penal, y que en conjunto podían tener como resultado que la Corte Suprema declarara inconstitucional la candidatura para la vicepresidencia de la República de Marta Linares de Martinelli, hipotéticamente a principios de 2024, y que sería posible suponer que la Sala Segunda de lo Penal del máximo tribunal, inhabilitara al candidato para la presidencia de la República, Ricardo Martinelli de esa misma nómina, en una fecha posterior, por la condena en el caso New Business.
En tal situación el partido Realizando Metas se quedaría sin representación alguna para la nómina presidencial en las elecciones del 2024. En estos escenarios también es posible la absolución del exmandatario por este cargo, pero su nómina seguiría sin candidato o candidata para la vicepresidencia de la República.
Un daño irreparable
El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado afirma que: “Siendo cierto que en la actualidad y al momento de la postulación, la señora de Martinelli no está casada con el actual presidente de la República ( Laurentino Cortizo), en caso de que el señor Martinelli resulte electo, sí quedaría comprendida en la prohibición clara y expresa que establece la norma y una sana interpretación de la Constitución nos indica que no es razonable ni lógico entender que la misma permita que ahora, antes de las elecciones, la señora de Martinelli sí pueda ser postulada, pero que dentro de 8 meses, si su esposo llega a ser electo, ella misma no podría ser proclamada -elegida- porque en ese momento, siendo ya presidente su esposo, ella estaría en situación de no acceder al cargo de vicepresidente por disposición expresa del numeral 5 de del artículo 193”.
La exprocuradora Gómez pondera que más allá de la situación específica de la exprimera dama, “la institucionalidad democrática está muy debilitada y en crisis por la primacía de lo individual frente a lo colectivo y de los intereses mercantilistas y clientelistas frente a los principios de legalidad, autoridad y justicia, por lo tanto el daño que una pretensión como esa le hace a la democracia y sus instituciones es irreparable aunque un hecho independiente se revierta, menos cuando es la voluntad de la parte interesada la que lo hace desaparecer y no la respuesta institucional oportuna y jurídicamente idónea para blindar la institucionalidad democrática”.
Rol del Tribunal Electoral
Márquez Amado es enfático en su evaluación del comportamiento de la entidad pública responsable de este proceso: “... la vacilante actuación del Tribunal Electoral ha puesto palmariamente de manifiesto, la fragilidad e inseguridad del sistema, pues inmediatamente debió rehusarse la postulación o, en todo caso, advertir a los interesados que en caso de que discreparan de dicha decisión, estaba accesible para ellos la vía prevista en la ley de acudir a la Corte Suprema de Justicia…”.
Esta no ha sido la única controversia en la que se ha visto inmerso el Tribunal Electoral recientemente.
El pasado 6 de octubre la institución comunicó que había aceptado las denuncias en contra del periodista Álvaro Alvarado y los medios digitales Claramente y Foco, interpuestas por el expresidente Martinelli, cuyo señalamiento fue que una serie de publicaciones en internet de las partes mencionadas constituían una campaña sucia en su contra.
El Tribunal Electoral admitió las causas, notificó a los afectados, generando una gran consternación por la posibilidad de que esta entidad se convierta en un mecanismo de censura de la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los panameños. El Tribunal Electoral desvaría ante los desafíos representados por la más encarnizada lucha por el poder en el periodo democrático.
La salud política del país necesita que recupere su brújula lo más pronto posible.
